La firma ayer del convenio urbanístico para la remodelación del Frente Marítimo de Santander es un gran paso adelante en la reforma de la ciudad para los próximos decenios. El documento, laboriosamente trabajado durante un año por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santander, da respuesta a una de las reivindicaciones más demandadas por la ciudadanía y las instituciones: recuperar los suelos portuarios en desuso y abrirlos al disfrute público. Pero no se limita, y esa es una de sus virtudes, al fácil recurso de tirar la valla de Antonio López. El Plan Maestro, que ha tenido como 'padres' al director del Puerto, Javier de la Riva, y al concejal de Fomento, César Díaz, traza nuevos espacios de esparcimiento y actividad social, reorganiza los muelles para uso turístico con un apoyo decidido por el tráfico de ferries (en el que Santander es líder sin discusión en el Norte de España), plantea una apuesta de futuro por el de cruceros y busca usos concretos y definidos para dos zonas hasta ahora degradadas: Varadero y San Martín. El proyecto ayer sancionado por cuatro administraciones intenta también crear un marco económico que asegure el desarrollo de las obras en un entorno de finanzas públicas obligadas a la austeridad. Cierto es que solo con la inversión pública quizás el plan hubiera sido diferente, pero no es posible asegurar en este momento esa posibilidad por lo que resulta obligado buscar el capital privado mediante concesiones y venta de suelos. Y, además, ese condicionante no ha mermado la ambición de la propuesta: la reordenación fija en 190.000 metros cuadrados los espacios libres públicos y abre al disfrute ciudadano lugares tan emblemáticos para la ciudad como el borde marítimo de San Martín.
El gran desafío al que se enfrenta ahora Santander, y también los vecinos como destinatarios últimos de la propuesta, es abordar con decisión, algo de arrojo y confianza en el futuro los años decisivos que esperan. La ciudad debe ser capaz de mezclar el respeto a los valores naturales con la ambición de las propuestas que se presenten, mirándose en el espejo del éxito de otros proyectos de reforma de áreas portuarias. El plan para ubicar el Centro Botín en el actual aparcamiento de coches del ferry es un ejemplo de esa exigencia de ambición en los planes. Y esas mismas peticiones de amplitud de miras pueden hacerse a los políticos. El consenso que presidió la elaboración del Plan Maestro se ha truncado en las últimas semanas y esa es claramente una mala noticia. Quizás sea un efecto de los tiempos electorales que se acercan, pero Puerto y Ayuntamiento están ciertamente condenados a entenderse y a caminar juntos en las transformaciones que se avecinan. Deben tramitar las reformas urbanísticas y planes que llenen de contenido lo negociado hasta ahora, deben colaborar en las obras que se iniciarán y su acuerdo es imprescindible para culminar la iniciativa. Es imposible que todo lo firmado ayer pueda ser realidad en un escenario de enfrentamiento y zancadillas institucionales como el que a veces se contempla en Cantabria. La obligación de las instituciones, por tanto, es establecer un marco de colaboración estable a través del consorcio que se cree para tutelar las obras. Y deben abordar, de inmediato, una labor de comunicación social y consulta ciudadana que sea capaz de vencer reticencias y aunar voluntades.
