Manifestantes portan pancartas exigiendo justicia, durante la manifestación celebrada ayer en Argoños. / Foto y vídeo: Sane
Los afectados por la ejecución de sentencias de derribo que la semana pasada recibieron la orden de desalojo de sus viviendas no estarán solos cuando, el próximo viernes, 8 de abril, se cumpla el plazo habilitado para el desahucio. Ayer, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a la práctica totalidad de ellos, acordó en asamblea acompañar el viernes a las cuatro familias cuyas viviendas corren peligro de ser las primeras en resultar demolidas. El acuerdo fue adoptado ayer, junto con otros relativos a la tramitación de los expedientes de reclamación patrimonial y a la exigencia de responsabilidades políticas a los miembros del equipo de gobierno municipal de Argoños, por un lado, y al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, cada uno de ellos por distintos motivos.
La decisión de acompañar el viernes a los integrantes de las cuatro familias que hace días recibieron la orden de desalojar sus viviendas fue respaldada de modo entusiasta. Es la primera vez que se llega tan lejos en el procedimiento de cumplimiento de las sentencias de derribo, al margen de las demoliciones de inmuebles vacíos en la Urbanización El Encinar, de la Playa de La Arena (Isla), y del derribo del 'Chiringuito de Mingo', en Ajo (Bareyo).
Las notificaciones ordenando el desalojo antes del 8 de abril fueron remitidas por el Ayuntamiento de Argoños a instancias de la empresa Tragsa, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) encomendó la demolición de estas cuatro edificaciones -y otra más cuya obra nunca llegó a completarse- erigidas en la zona denominada Camino del Portillo.
No obstante, el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), anunció el pasado jueves en una reunión con los vecinos que el Ayuntamiento de Argoños presentará esta misma semana ante el TSJC un incidente por imposibilidad de ejecución de la sentencia, en el convencimiento de que cuatro de las cinco edificaciones podrían cumplir con la legalidad mediante un proceso de regularización.
Por este motivo, los propietarios han decidido esperar sin obedecer a la orden de desalojo, aunque, entre tanto, no estarán solos. No parece probable, pero AMA teme que la maquinaria de la empresa pública Tragsa pueda presentarse en el lugar el próximo viernes, de ahí que haya previsto este despliegue de medios humanos.
Responsabilidades políticas
La alarma desatada por esta situación - la notificación con la orden de desalojo- puede explicar la asistencia masiva de afectados a la reunión celebrada ayer, como también a la manifestación que, a continuación, recorrió las calles de Argoños.
La asamblea se prolongó por espacio de una hora y, en ella, además de conjurarse para acompañar el próximo viernes a estas cuatro familias, se adoptaron otros acuerdos.
Muy relevante fue el llamamiento a la depuración de responsabilidades políticas dirigidos al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, en un caso, y al equipo de gobierno de Argoños, en otro.
Respecto al primero, AMA ha pedido al PRC que excluya a Jesús Oria de la candidatura al Parlamento de Cantabria, porque «por su manifiesta incompetencia e incumplimientos no es merecedor de estar en las listas del partido en las próximas elecciones». Los afectados por la ejecución de sentencias de derribo reprochan al consejero que todavía no haya resuelto la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, lo que impide desarrollar algunas de las posibilidades de regularización contempladas en la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobada por el Parlamento de Cantabria el pasado mes de julio.
En cuanto al Ayuntamiento de Argoños, AMA «reconoce el trabajo y el apoyo recibido por el el alcalde» y añade que «siempre recordaremos su intervención en el Parlamento Europeo pidiendo una solución para todos los afectados». Sin embargo «sus palabras han quedado vacías por la falta de actuaciones del Ayuntamiento», donde aseguran «hay personas que han trabajado en contra de los intereses de nuestras familias y del resto de los ciudadanos». A esta conclusión han llegado los afectados tras comprobar el pasado jueves que los incidentes de ejecución presentados o en vías de presentar por parte del Ayuntamiento de Argoños se reducen a 38 viviendas, cuando en el término municipal hay más de 250 pendientes de demolición. Por ello, los reunidos acordaron ayer pedir a la dirección regional del PP «que limpie Argoños de elementos que están siendo perniciosos para todos los ciudadanos y que con sus actuaciones están haciendo un grave daño a nuestras familias».
Reclamación patrimonial
Por último, la directiva de AMA recomendó a muchos de sus asociados que promuevan ya los expedientes de reclamación patrimonial, para exigir a las administraciones el valor de sus viviendas. 'Ya' quiere decir tan pronto como el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publique el texto de la nueva Ley de Indemnizaciones, algo que podría suceder el 8 o el 11 de abril.
Los asociados a quienes se les hizo esta recomendación son los 220 propietarios de Argoños cuyas viviendas no se encuentran inmersas en ningún trámite de legalización. Para tramitar estos expedientes, los afectados celebrarán reuniones por separado en cada una de sus comunidades de vecinos.
