Las últimas leyes aprobadas por el Parlamento de Cantabria relativas a la situación de las viviendas afectadas por sentencias de derribo marcan caminos alternativos para sus propietarios.
Por una parte, la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobada por el Parlamento de Cantabria el pasado mes de julio, establece mecanismos para la regularización de determinadas urbanizaciones, aunque no de todas. La tramitación de estos procedimientos debe partir de los ayuntamientos, atendiendo a los distintos supuestos contemplados en la ley. Aunque hay algunas excepciones, en general el plazo establecido para la resolución de estos expedientes es de diez meses a partir de la entrada en vigor de la norma, cuyo texto apareció publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 13 de agosto de 2010.
Por otra parte, la Ley de Indemnizaciones, que el pasado 21 de marzo recibió el apoyo unánime de los diputados regionales, fue concebida con el fin de facilitar el trámite de reclamación de la responsabilidad patrimonial a aquellos propietarios que no pudieran acogerse ni a la vía de la legalización ni a la de la compensación -tercera de las opciones planteada en el informe emitido por el Defensor del Pueblo hace cinco años-, a causa de la situación legal de sus propiedades.
La Ley de Indemnizaciones facilita las reclamaciones hasta el punto de haber dado la vuelta a la situación 'como a un calcetín'. Hasta ahora los propietarios no podían iniciar la reclamación hasta que se hubiera consumado el derribo. A partir de su publicación en el BOC, los afectados no sólo podrán iniciar estos procedimientos antes de que se consumen las demoliciones, sino que, de hecho, ninguna edificación podrá derribarse hasta que sus dueños hayan percibido la indemnización por parte de las administraciones que tuvieron responsabilidad en la concesión de las licencias.
