El nuevo Plan Energético de Cantabria (Plenercán) que marcará el desarrollo de las energías renovables de la región hasta el año 2020 no estará listo hasta el último trimestre del año, probablemente para el mes de octubre. Es la previsión «más realista» que se hace desde el Gobierno de Cantabria dada la complicada tramitación de una normativa de estas características.
Aunque el nuevo plan está prácticamente ultimado, su entrada en vigor se demorará en el tiempo. Una vez aprobado (incluyendo un informe previo de Ordenación del Territorio) deberá someterse a información pública durante un 40 días. Cumplido ese trámite obligatorio, se analizarán una a una las alegaciones que, de aceptarse, serán incorporadas al documento. Es a partir de ahí cuando el Plenercán se enviará a la Consejería de Medio Ambiente para que emita la Evaluación Ambiental Estratégica. Fuentes del Ejecutivo indicaron que, en este caso, el plazo «dependerá de la voluntad política y técnica», pero añadieron que es más que probable que el procedimiento se dilate al menos dos meses, «aunque tenemos la intención de empezar a trabajar en mayo si definitivamente es en esa fecha cuando se somete el texto a información pública».
Será esa evaluación medio ambiental la que determine las zonas concretas de instalación de cada futuro parque eólico.
De ahí que las mismas fuentes oficiales consultadas ayer consideren que el Plenercán 2012-2020, imprescindible para dar cobertura legal a los futuros parques eólicos, llegará con toda probabilidad al Parlamento de Cantabria para su aprobación en septiembre/octubre. Con una salvedad: si tras el 22 de mayo hay un cambio de signo político del nuevo Gobierno, la situación puede cambiar radicalmente.
Si bien la Consejería de Industria no se ha pronunciado sobre la fase en la que se encuentra la redacción del Plenercán, el director general de Medio Ambiente, Javier García-Oliva, adelantó el pasado miércoles que el documento está «avanzado». En él se concretarán «los nuevos objetivos de potencia eólica» (obligatoriamente deberá pasarse de los 300 megavatios que contempla el plan en vigor a un mínimo 1.336 megavatios que es la potencia que se han asignado en el concurso eólico) y «las áreas prioritarias para su implantación».
Fuentes oficiales de la Consejería de Medio Ambiente explicaron ayer que «hay que tener las máximos garantías jurídicas y no poner en riesgo el desarrollo de las energías renovables, vital para la región». Una reflexión que motivó que se pidiera un informe jurídico previo antes de iniciar trámite alguno.
Aunque ayer no hubo nuevos pronunciamientos, desde la Asociación Eólica de Cantabria no se niega el perjuicio que supone «el retraso global», pero se insiste en «que dada la magnitud de las inversiones a realizar damos por buena la espera para tener la total garantía de la legitimidad del proceso y de los procedimientos».
Todas las empresas adjudicatarias ya han presentado ante la Consejería de Industria sus proyectos de parques. Desde esa instancia se ha derivado parte de la documentación a Medio Ambiente, que rechazó tramitar todos aquellos que estén fuera del Plenercán. Una decisión basada en el informe emitido por los servicios jurídicos del Gobierno que, además, ha rechazado la posibilidad de que se adelante «trámite alguno» para ganar tiempo, supeditando todo a la definitiva aprobación del nuevo plan. Una opción sugerida por los propios grupos empresariales afectados, que el informe jurídico ha considerado inviable.
