La plataforma CORE (Cántabros por la Ordenación de los Recursos Eólicos) pidió ayer al Parlamento de Cantabria que constituya una comisión de expertos para tramitar el nuevo Plan Regional de Energía (Plenercan) y auguró que habrá «presiones terroríficas» para que la evaluación ambiental de este instrumento no cambie las zonas ya repartidas en el concurso eólico.
Los portavoces de CORE, Javier Ceruti, Aurelio González Riancho y Carlos García, analizaron ayer, en rueda de prensa, la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de no tramitar por el momento los parques de aerogeneradores que no están amparados por Plan Energético Regional 2006-2011, todavía vigente.
Además, valoraron que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) haya confirmado su decisión de no suspender el concurso eólico para adjudicar 1.400 megavatios de potencia, aunque haciendo notar en su resolución la falta de un procedimiento de evaluación estratégica ambiental para todo el proceso.
Ceruti considera que con estas resoluciones «queda claro» que el procedimiento de adjudicación de la potencia eólica en Cantabria «es nulo de pleno derecho» y demuestra que el Gobierno regional lleva «dos años mintiendo» al decir que no era preceptiva la declaración estratégica de impacto ambiental para todo el proyecto eólico.
El representante de CORE vaticinó, además, que se producirán una «presiones terroríficas» para que esa evaluación ambiental «se adapte» al reparto de zonas que se han adjudicado en el concurso eólico y que, a su juicio, el Gobierno regional querrá sacar adelante «porque les va la cabeza en ello».
A este respecto, Carlos García recordó que el concurso eólico eleva de 150 a 700 u 800 los molinos eólicos previstos en el Plenercan vigente y de 300 a 1.400 los megavatios de potencia repartida.
«Dar derechos a las empresas antes de aprobar el plan es una irregularidad», subrayó el representante de CORE , quien se preguntó «a qué viene tanta prisa» y acusó a la vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y al consejero de Industria, Juan José Sota, ambos del PSOE, de actuar «desde sus cargos públicos para beneficiar a las empresas eléctricas».
«Pelotazo eólico»
Además, García advirtió de que, al igual que en el caso de los derribos de viviendas, al haber adjudicado la potencia «sin base legal» puede que haya que indemnizar «con dinero público» a las empresas, que ya han pagado 33 millones de euros en concepto de fianza por los parques eólicos. «Es decir, el pelotazo urbanístico del litoral se traslada ahora al interior. Sería el pelotazo eólico», lamentó este representante de CORE .
En este sentido, Javier Ceruti incidió en que la potencia que se pretende instalar es «cuatro veces más» de la que le corresponde a la región, por territorio, dentro del plan de desarrollo eólico español.
