Imagen de archivo de una concentración y manifestaciíon de los afectados por las ssentencias de derribos. / Foto: Celedonio
«La sentencia del Tribunal Superior de Cantabria nos parece un atentado a la voluntad popular. La Sala desafía y deja sin efecto una Ley aprobada de forma unánime por el Parlamento de Cantabria y se arroga competencias que ni tiene ni el corresponde». Es la reacción de Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), al conocer el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC al recurso presentado por el Ayuntamiento de Argoños contra el derribo de 16 viviendas al considerar que cumplían parcialmente con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
El escrito judicial viene a decir que la reforma de la Ley del Suelo que salió adelante en marzo pasado no puede paralizar los derribos por mucho que en su contenido se indique expresamente que antes del derribo debe indemnizarse a las propietarios. Algo que no ha sucedido con los dieciséis afectados de Argoños y con ningún otro de los cientos de perjudicados por las sentencias de derribo. En concreto, en Cantabria son 23 las sentencias de derribo dictadas por los tribunales de justicia en los municipios de Argoños (14), Arnuero (1), Escalante (1), Miengo (2) y Piélagos (5), que afectan a nueve urbanizaciones y a un total de 575 viviendas.
El órgano judicial rechaza aquel recurso y en su acuerdo final autoriza a que la empresa encargada del derribo proceda a la demolición e incluso recabe el auxilio de los cuerpos policiales, si fuera preciso, para ejecutar el desalojo y los derribos.
Reunión urgente
Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Argoños no ha perdido ni un día par elevar ayer mismo un recurso de súplica ante la Sala del TSJC, mientras que la asociación de afectados ha convocado para hoy una reunión urgente.
El colectivo considera muy grave el contenido del auto porque salta a un ámbito que le es ajeno, el legislativo, y sobre todo, porque teme que los derribos puedan iniciarse de forma inminente.
No se olvidarán tampoco de promover nuevas actuaciones y recordar a las instituciones que garanticen o articulen los recursos para afrontar los 300 millones y las soluciones que han prometido a los afectados por las sentencias.
El auto de TSJC del 29 de abril, conocido ayer, reitera la orden de demolición de dieciséis viviendas -repartidas en varios bloques y dos chalés- situadas en el Camino del Portillo, dentro del municipio de Argoños. Considera que el nuevo planeamiento municipal no permite su legalización y que la Ley autonómica del Suelo sólo afecta al expediente patrimonial, y no al derribo. La Sala recurre al preámbulo de la ley autonómica para indicar que el Parlamento carece de competencias para regular el procedimiento contencioso y la ejecución de sentencias firmes, algo que, dice el auto, sólo corresponde a la legislación del Estado.
Rechazo
De modo que, en su acuerdo final, la Sala autoriza a la empresa Tragsa a que recabe el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «para la ejecución del mandato dado de desalojo y para la ejecución de las demoliciones».
Igualmente rechaza el incidente planteado por el Ayuntamiento al haberse promovido fuera de plazo -la Sala lo interpreta como «maniobra dilatoria»-, sin que se de situación alguna «que permita la legalización de las viviendas».
Desde AMA se considera que tal decisión está en contradicción con uno de los puntos de la ley aprobada el 4 de abril en el Parlamento cántabro para agilizar el cobro de las indemnizaciones. En uno de sus artículos se señala que debe indemnizarse a los afectados antes del derribo al especificar que las viviendas declaradas ilegales por sentencia firme. Y que sólo podrán demolerse una vez que haya finalizado «el procedimiento de determinación de la responsabilidad patrimonial, se haya establecido el importe de la indemnización y se haya puesto a disposición del perjudicado».
Los representantes de los afectados no se andan por las ramas a la hora de valorar la sentencia firmada por los cinco magistrados. Afirman que su auto «desafía e invalida» actuaciones del Gobierno y del Parlamento de Cantabria; que la Sala se arroga competencias «que ni tiene ni le corresponde», lo que les parece «alarmante», y consideran tal sentencia «un atentado a la voluntad popular». De hecho estiman que el contenido de la sentencia «es de tal gravedad que debería de haber consecuencias».
Para el presidente de AMA, la sentencia del Tribunal Superior cántabro viene a dejarles poco menos que desnudos, sin recursos e impotentes. Y es que además de hablar de indignación, rabia contenida y profundo malestar los afectados traducen que el auto supone tanto como que «no solo nos quieren derribar las casas, sino que además tampoco nos quieren pagar. Hasta eso nos lo niegan los jueces». Se basan, dicen, en que el espíritu del auto judicial «se carga» la ley de Indemnizaciones aprobada por el Parlamento.
