No es claudicación ni retirada. Se trata de simplificar la estrategia y centrar los esfuerzos por otra vía, aunque sin abandonar la idea original por la que se fundó el colectivo de afectados: luchar contra la demolición de las viviendas, pero sin olvidar que los verdaderos condenados son los ayuntamientos y el Gobierno. De modo que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), tras el varapalo contenido en el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC instando al derribo de 16 viviendas en Argoños, va a requerir a las instituciones que aplique la Ley del Suelo, reformada y probada en marzo pasado, para que indemnicen a los afectados antes de la demolición.
A la vista del citado auto, las alrededor de 300 personas que acudieron ayer a la llamada urgente de la directiva de AMA en Argoños acordaron dirigirse sin dilación a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno de Cantabria. Dan por hecho que «la Sala del TSJC no regularizará ninguna vivienda» por lo que van a pedir que se ratifique la necesidad de indemnizar antes del derribo y que, por tanto, se preparen las partidas necesarias para afrontar dichos pagos. «Ya solo falta que no haya dinero y no se nos indemnice», indicó ayer Antonio Vilela, presidente de AMA.
En la tensa reunión de ayer, con la indignación aún en el cuerpo y los nervios a flor de piel difíciles de encauzar, los afectados acordaron solicitar que se abran y ejecuten los expedientes administrativos. «Si aún se tenía alguna duda sobre si el TSJC podría modificar su postura, a la vista del auto del viernes estamos convencidos de que no habrá cambios», indica Vilela, por lo que el colectivo se enfoca ahora hacia otro objetivo.
«Durante años hemos hecho lo humanamente posible para que no se derriben las viviendas», recuerda el portavoz de AMA, «pero no ha servido para nada», de ahí que requieran al Gobierno cántabro a que aplique las reformas a la Ley del Suelo aprobadas en marzo pasado en el Parlamento. Modificaciones que hablan de que la demolición solo podrá llevarse a cabo una vez que se establezca una indemnización y se abone al propietario.
Vilela recuerda que los verdaderos condenados por los derribos son los ayuntamientos y el Gobierno y que los propietarios son afectados. Y que esas instituciones, además del Parlamento, deberían responder al auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC «por la invasión de competencias» y mostrar su queja públicamente.
Conflicto de competencias
A lo largo de la reunión de ayer los afectados reiteraron la falta de consideración tenida por el TSJC hacia la derechos de sus familias y que siempre que hay una resolución judicial son los que no están condenados ni tienen culpa de nada los que han de soportar las consecuencias penosas de dicha resolución. Además, el auto les hace creer que existe un conflicto de competencias entre el poder legislativo y el judicial, lo que les deja a ellos, dicen «en la más absoluta indefensión».
Por eso piden la apertura de los expedientes de indemnización, solicitarán a los partidos y al Gobierno que se abra una partida presupuestaria para abonar las compensaciones y se ratifiquen en la necesidad de esas reparaciones económicas antes de los derribos. Pero también los afectados trasladarán su queja ante el Consejo General del Poder Judicial, porque consideran que las actuaciones «no respetan los derechos de los afectados por las sentencias». Y tienen previsto manifestarse ante el TSJC -«por el desacuerdo con el auto desde el respeto al Tribunal», señalan- previa solicitud del permiso a la Delegación del Gobierno.
