Vista parcial de una de las urbanizaciones de Argoños afectada por las sentencias de derribo./ Foto: Roberto Ruiz
Los jueces siguen implacables a la hora de aplicar estrictamente la Ley en sus disposiciones sobre el conflicto de los derribos de viviendas. Otras 126 van a ser pasto de la piqueta por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Hace cuatro días rechazaba un recurso del Ayuntamiento de Argoños para evitar el derribo de 16 viviendas en el Camino del Portillo, al tiempo que autoriza a la empresa Tragsa a demoler las edificaciones. Hoy, en sendos autos, aplica el mismo procedimiento para las 104 viviendas de la urbanización El Encinar, en Arnuero, y para otras 22 en Las Llamas II, de Argoños.
«Esto no viene sino a ratificar nuestra opinión de que la Sala está única y exclusivamente por el derribo», asegura Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), colectivo en el que se agrupan los afectados por las sentencias de derribo. «Que actúe de oficio define su intencionalidad. Y también que se salte las leyes aprobadas en el Parlamento», añade.
El representante de este colectivo tiene la convicción de que a estas tres sentencias les van a seguir en cascada las referidas a otras cuatrocientas viviendas más, hasta un total de 575, que son las afectadas por las 23 sentencias de derribo en Cantabria.
«Cuando el viernes recibimos la primera sentencia vimos claro por dónde iba la Sala en su resolución. Ahora, con estos otras dos autos en línea con el anterior... blanco y en botella», refiere gráficamente Vilela cuando se le pregunta por el destino que pueden correr el resto de inmuebles afectados.
Para las viviendas de las urbanizaciones El Encinar y Las Llamas II el recurso presentado contra la demolición de lo construido y la reciente reforma de la Ley del Suelo que se aprobó en el Parlamento regional no son suficiente para detener el proceso.
Recurso desde Arnuero
La Sala de lo Contencioso Administrativo entiende que, una vez finalizado el 28 de marzo el plazo para que las partes manifestaran sus actuaciones para ejecutar la sentencia, ha constatado su incumplimiento por lo que acuerda que se proceda a la ejecución subsidiaria con cargo al Ayuntamiento. Y que el coste de la demolición corra a cargo de ese consistorio
Cuando Vilela confirmaba anoche la oficialidad de los autos de la Sala del TSJC, destacó que el caso de la urbanización de Arnuero presenta alguna peculiaridad. Al margen de que hace dos años se demolieron las estructuras de lo que iban a ser cuarenta viviendas, el presidente de AMA recuerda que la demandante asociación ecologista ARCA ha alcanzado un pacto tácito con el Ayuntamiento de Arnuero de no instar de oficio al derribo en tanto el Ayuntamiento no construyera otras viviendas.
José Manuel Igual, alcalde de Arnuero, explicaba ayer que desde su consistorio en ningún momento se ha puesto en duda el derribo. Al contrario, ha venido trabajando para poner una solución encima de la mesa respecto a aprovechamientos urbanísticos. El municipio pone el suelo, el Gobierno las viviendas y la asociación ecologista ARCA, en sus alegaciones al Plan, su acuerdo con la opción planteada. Por ello el Ayuntamiento va a recurrir el auto y planteará un incidente de ejecución de sentencia. Pedirá una moratoria con el fin de poder ejecutar ese plan a medio plazo. «De ese modo conseguiremos respetar la sentencia del derribo, no dejamos desamparados a los vecinos y planteamos una solución a Arca por la moratoria». La urbanización se derribaría posteriormente.
Pero en ese caso, «la Sala actúa de oficio», reitera el representante de los afectados. «Se ven claras sus intenciones. Manda derribar sin esperar a la realización de los aprovechamientos urbanísticos».
Los propietarios de El Encinar tenían la esperanza de que antes de ver de nuevo la piqueta junto a la playa de la Arena se les harían otras viviendas, pero el auto acaba con esa ilusión. La Sala acuerda el derribo sin esperar a que construyan esas otra viviendas «ni a que nos indemnicen», puntualiza Vilela.
Revilla
El presidente los afectados recuerda que el auto vuelve a estar en contradicción con uno de los puntos de la ley aprobada en abril en el Parlamento cántabro para agilizar el cobro de las indemnizaciones a los afectados por los derribos: debería efectuarse antes de la demolición efectiva. En su articulado se señala que sólo podrán derribarse una vez que haya finalizado el procedimiento de determinación de la responsabilidad patrimonial. La Sala, concluye Vilela, muestra «con nosotros una beligerancia que no entendemos».
Anoche los afectados se reunían con Revilla antes de su mitin en Laredo. El presidente señaló que se realizan gestiones para evitar que se lleva a cabo el derribo antes de las indemnizaciones, informa Rafa Sánchez, y que mientras no se tire siempre queda la esperanza de alcanzar algún arreglo».
