Algunos de los ayuntamientos con urbanizaciones afectadas por sentencias de derribos no han dejado de mover ficha con el fin de evitar las demoliciones o alcanzar una moratoria que otorgue tiempo extra para solucionar el grave problema de los afectados. Bien a través de incidentes de ejecución, bien a través de acuerdos municipales. Pero alguno de sus regidores, como el de Arnuero, Juan José Barruetabeña, lamenta que no sirva para nada a ojos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, TSJC.
En los últimos días tres autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC han instado a la empresa Tragsa a que ejecute la demolición de un total de 140 viviendas en tres urbanizaciones de Argoños y Arnuero. Y Barruetabeña afirma que el auto sobre la urbanización La Llama «es otro palo contra el Ayuntamiento. Trabajamos durante años para dar una solución y no sirve para nada», como tampoco las modificaciones de la Ley del Suelo que aprobó el Parlamento «y que han derivado el problema del Gobierno a los ayuntamientos», se queja.
El regidor de Arnuero señala que han presentado autos a incidencias ante la Justicia con el fin de mostrar como quedaría anulado el impacto paisajístico que se les imputa en la sentencia, «pero es como darse de cabeza contra un muro. Los cuatro años de trabajo agarrándonos a la Ley no valen para nada. Pérdida de tiempo y dinero».
Desde otro Ayuntamiento, el de Argoños -que va a recurrir el auto del TSJC mediante un incidente de ejecución-, se ha presentado una solución que pasa por la cesión de terrenos para que el Gobierno construya las casas y una vez hechas que se ejecute la sentencia «para que los afectados no queden desamparados», señalaba su regidor, José Manuel Igual. Pero tampoco ha resultado efectivo pese a que existe un acuerdo tácito con ARCA de dar el visto bueno a esta solución antes del derribo.
Acuerdo municipal
Entre tanto, en Piélagos, el Pleno procedía ayer a la aprobación de tres modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio sobre tres zonas de Liencres: las unidades de ejecución L-05 y L-01 (que incluye a las urbanizaciones Cerrias y Calas del Norte) y 'Entre lindes', que afectan a un total de 93 viviendas con sentencia de derribo. El objetivo ha sido adecuarlas a la Ley aprobada hace unos meses por el Parlamento.
La medida fue adoptada ayer 'in extremis', en el transcurso de una sesión extraordinaria, que se celebró a apenas 72 horas de las elecciones, y fue respaldada por buena parte de la corporación municipal. Contó con 9 votos a favor del PP y PRC y 2 abstenciones, la del presidente de la Agrupación de Vecinos Independiente de Piélagos (AVIP), Lorenzo López Hoyuela, y la del socialista, Alberto González Bolado. Casualmente, a la sesión de ayer faltaron cinco de los 17 concejales que forman parte de la corporación, algunos de los cuáles, dijo el regidor, «tienen justificación, y otros, sin embargo, no».
Durante el Pleno, el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, indicó que la Corporación municipal no pudo aprobar antes esta modificación «porque exigía previamente unos cambios del Plan de Ordenación del Litoral (POL) por parte del Gobierno de Cantabria». Y antes de que acabase el plazo establecido por el Parlamento, «el Ayuntamiento ha procedido a las citadas modificaciones que suponen la inclusión de los terrenos afectados como sector de suelo urbanizable delimitado», explicó Pacheco.
