Los afectados por los derribos en Cantabria no tienen intención alguna «de morir en la orilla después de años de lucha», por lo que acaban de diseñar toda una batería de actuaciones para el corto plazo. Para empezar, pedirán que, ante el conflicto de competencias entre el Parlamento y el TSJC, la Cámara presente una queja ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuyos jueces están ordenando derribos pese a que se intentó evitar éstos con una modificación legislativa de la Ley del Suelo.
Para seguir, pedirán al propio Parlamento que modifique el preámbulo de la Ley del Suelo 2/2011 y se despejen las dudas sobre su posible aplicación en la región. Al tiempo, reclamarán una aclaración de auto a la Sala de lo Contencioso Administrativo, ante la posibilidad de que los magistrados estén realizando una aplicación errónea del derecho o una interpretación no ajustada al espíritu de la norma, puesto que no están aplicando la ley aprobada por el Parlamento.
También se demandará al Gobierno que, en coordinación con los ayuntamientos que ahora son de su mismo color político, que busquen soluciones a los derribos a través de la fórmula de los aprovechamientos urbanísticos.
Y, dado que el presidente electo de Cantabria, Ignacio Diego, ha adelantado ya que falta dinero para pagar las indemnizaciones a los afectados por las sentencias, se solicitará al TSJC que, lo mismo que han tomado medidas para garantizar el cobro de estas actuaciones de la empresa Tragsa, tome las mimas medidas para garantizar el abono de compensaciones a las víctimas de los derribos. Igualmente, se pide que se abran los expedientes para las indemnizaciones a la luz de la Ley del Suelo.
De forma paralela a toda esta batería de reivindicaciones, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), anunció ayer que dará varios pasos para seguir buscando una «solución justa» a su problema. Se organizarán, así, movilizaciones y campañas de información. Estas últimas llegarán tanto al Congreso de Diputados como al Senado, instituciones a las que se trasladará la situación que están sufriendo muchas familias desde hace 15 años.
También se informará al Parlamento Europeo del grado de incumplimiento de las recomendaciones que él mismo acordó y tramitó al presidente del Gobierno cántabro.
Y, en el capítulo movilizaciones, AMA piensa presentarse en la constitución de los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo, así como en la sesión de apertura de legislatura del Parlamento de Cantabria. Se programan, además, la VII marcha a Santander, que será de 40 kilómetros andando en dos días, desde los ayuntamientos de Argoños, Arnuero y Liencres y con destino a las sedes del Gobierno y del Parlamento. Será para el mes de julio. Finalmente, se hará un viaje a Madrid para una manifestación ante el Congreso de los Diputados.
Todas estas actuaciones tendrán que ser ratificadas por los asociados de AMA en la reunión que mantendrán mañana, domingo, en el centro cultural de Argoños, a quienes se propondrá iniciar toda esta ronda de reclamaciones y actuaciones. Al hacer públicas ayer sus intenciones, el portavoz de la asociación, Antonio Vilela, apuntó que se seguirá luchando «por lo que es nuestro y por lo que es justo».
