Los afectados por los derribos, durante la reunión celebrada ayer en Argoños. :: SANE
Los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que instan al derribo inminente de las viviendas, junto con el anuncio del presidente electo, Ignacio Diego, de que no hay dinero para pagar las indemnizaciones correspondientes, han provocado una intensa reacción en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Los afectados acordaron ayer una batería de actuaciones encaminadas a exigir al Parlamento la aplicación de las leyes aprobadas. «Si el Gobierno no tiene dinero para indemnizar los derribos, que pida avales, créditos o lo que sea», exigieron ayer desde la asociación.
Más de 300 damnificados, que no piensan quedarse de brazos cruzados ante la «injusticia» que están «sufriendo desde hace ya 15 años», se reunieron ayer en Argoños para ratificar las propuestas que se pusieron sobre la mesa y que se tramitarán en su gran mayoría durante este mes de junio.
La primera tarea que se han marcado, y que ya adelantaron, es instar al Parlamento de Cantabria para que presente una queja ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC con el fin de que tome las medidas oportunas para que se respete la voluntad popular emanada del Parlamento. También pedirán a este organismo una modificación del preámbulo de la Ley del Suelo 2/2011 para que se despejen las dudas sobre su aplicación en la región.
Ante la posibilidad de que los jueces estén realizando una aplicación errónea del derecho o una interpretación no ajustada a la norma, AMA acordó ayer solicitar una aclaración de los autos. A esta iniciativa sumaron el consultar a asesores jurídicos, a expertos en Derecho Penal y Administrativo, «si se está cumpliendo y ajustando a derecho la resolución de la Sala y las posibles actuaciones que pueden ejercitar los perjudicados por estas resoluciones».
Igualmente, se emplazará el Ejecutivo cántabro, en colaboración con los ayuntamientos afectados, a que apliquen y coordinen soluciones a través de los aprovechamientos urbanísticos. En este sentido, el colectivo radica sus esperanzas en que ahora, tras los resultados electorales, el Gobierno y consistorios perjudicados son del mismo color político.
El reciente anuncio del presidente electo, Ignacio Diego, sobre la falta de dinero para pagar las indemnizaciones derivadas de los derribos llevó ayer también a AMA a exigir al TSJC el mismo trato que a la empresa pública Tragsa. Y es que, dicen, «igual que se han tomado medidas para garantizar el cobro de estas actuaciones de Tragsa, también pedimos medidas para garantizar las compensaciones económicas a los afectados». En este sentido, instarán al Gobierno a que ponga los medios para que mediante avales, créditos u otros instrumentos cumpla sus obligaciones con las víctimas.
Además, registrarán un escrito a la empresa Tragsa informándole de la ley parlamentaria que exige indemnizar antes de derribar e instándole al cumplimiento de la misma. En la misma línea, los afectados remitirán al Parlamento Europeo la situación de «desamparo» y el «ataque» a los legítimos derechos de su colectivo.
