Las defensas de los imputados en el caso de La Loma, de Castro Urdiales, que afecta a 51 personas entre cargos públicos, constructores y funcionarios, han presentado un escrito de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Abogados de Cantabria, en el que denuncian varias irregularidades llevadas a cabo, presuntamente, por el juez Acayro, dentro de la instrucción del caso.
Los letrados aseguran que el instructor «ha violado el principio de igualdad de partes procesales, dando un tratamiento privilegiado a las acusaciones personadas y privado a las defensas del acceso real a los autos y documentos obrantes en el expediente. También se ha impedido a los procuradores el acceso a dicha información».
Las defensas que suscriben el escrito de queja dicen que no cuentan con la copia íntegra de las actuaciones, de sus anexos y otros documentos, «lo que impide ejercitar el derecho a la defensa, a través de los recursos y, en concreto, el que debe interponerse contra el auto».
Además, denuncian la práctica, por parte del instructor, de interrogatorios exhibiendo documentos que no se han incorporado a los autos y que se cite a las partes para la práctica de pruebas «sin plazo y, en algunos casos, cuando comparecen en el día y hora señalados, se les indica que se ha practicado otro día anterior porque el interesado acudió por otro motivo».
Otra de las prácticas que critican los abogados de los imputados es el hecho de que Acayro «se encierre con las acusaciones particulares y peritos en su despacho y se dilaten injustificadamente las pruebas acordadas, mientras las defensas esperan en los pasillos, y que obre de la misma manera con el Ministerio Fiscal».
Declaraciones incompletas
Las defensas del caso La Loma dicen, además, que las declaraciones de los imputados se hacen sin la presencia de la secretaria judicial, «transcribiendo manifestaciones que no responden a lo declarado, incompletas, reiterando preguntas con la finalidad de que por el testigo o imputado se responda lo que el instructor pretende, con petición de opiniones o juicios de valor de carácter técnico y siempre en perjuicio de las tesis de las defensas».
También cuestionan la práctica de «citaciones telefónicas intimidatorias a través de la Policía Judicial, en algunos casos acordando detenciones injustificadas» y dicen que los peritos que nombra Acayro en los procesos incurren en una «causa de abstención, sin designación y en connivencia con él».
Por último, denuncian que el instructor les haya «restringido» el plazo para recurrir el auto de La Loma y consideran «inadmisible» que presuma en la actividad jurisdiccional de las defensas de los imputados actuaciones «dilatorias y fraudulentas». Con su escrito de queja las defensas del caso quieren dejar constancia de la «vulneración de la dignidad, honor, independencia y defensa» que, a su juicio, están «sufriendo».
