El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobó el proyecto para alargar veinte meses la vida útil del vertedero de El Mazo en el espacio que ocupa en la localidad de Zurita, en Piélagos, y que está «al límite de su capacidad», una decisión que pone en un aprieto al nuevo Gobierno de Cantabria habida cuenta de que las obras del futuro vertedero de Carceña aún no están concluidas.
El Gobierno regional tiene ahora un plazo de 20 días para recurrir la sentencia, por lo que al menos durante las tres próximas semanas la zona afectada de El Mazo podrá continuar recibiendo los vertidos. Pero en caso de que los servicios jurídicos desaconsejaran un recurso o la Justicia no lo aceptara, el vertedero (en su espacio en Zurita) debería cerrar, lo cual supondría que casi 400 productores de residuos carecerían de espacio material para verter los mismos hasta la apertura del de Carceña.
Como recuerda la sentencia, fechada el 24 de junio y conocida ayer, el Ejecutivo cántabro inició el procedimiento de segunda ampliación de la vida útil de El Mazo para prorrogar durante veinte meses la utilización de estas instalaciones, a la espera de que concluyeran los trabajos del nuevo vertedero ubicado en el Monte Carceña, que todavía no se ha inaugurado.
El proyecto suponía modificar el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos (municipio en el que se encuentra la zona interesada) para adaptarlo a las nuevas condiciones de ampliación de la vida útil del vertedero, que incluían el acondicionamiento del regato La Tejera.
Sin embargo, el Ayuntamiento recurrió el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por falta del correspondiente procedimiento de evaluación ambiental.
«Se ha obviado»
Según el TSJC, los proyectos que afectan a vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de diez toneladas por día o tengan una capacidad total superior a los 25 millones de toneladas, sin ser vertederos de interés, deben ser sometidos a evaluación ambiental. Al respecto, la Sala asegura que en este caso se ha «obviado» esa verificación ambiental y el expediente administrativo está totalmente «ayuno» de la correspondiente Declaración Ambiental.
Y sin esa evaluación ambiental, el TSJC no acepta un proyecto en el que el nuevo gobierno popular ya se ha puesto a trabajar.
Según aseguró ayer el consejero de Medio Ambiente, Francisco Javier Fernández, «recién aterrizado» en su despacho aunque conocedor de este asunto desde la oposición, «la posición de esta Consejería es colaborar con la legalidad del proyecto» de ampliación de la vida útil del vertedero para que las consecuencias prácticas de esta sentencia «no sean gravosas» y hacer todo lo posible por alargar la actividad en esta zona de El Mazo.
Una operación temporal -en tanto concluyan las obras en Carceña- cuya importancia reconoce incluso el propio tribunal, que comprende «la urgencia» y «la excepcionalidad» del alargamiento de la vida útil de El Mazo mientras se continuaban los trámites para abrir un nuevo vertedero, si bien puntualiza que ello «no obsta a la declaración de nulidad del acuerdo».
