La postura cooperadora del nuevo consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández, en materia de derribos gusta a los jueces, que vieron cómo su predecesor en el cargo José María Mazón «se puso enfrente» a la hora de colaborar con la Administración de Justicia en un asunto tan espinoso, según reconocen fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Después del balón de oxígeno que ha dado al Gobierno la consulta que la Sala de lo Contencioso Administrativo hará al Tribunal Constitucional sobre la presunta inconstitucionalidad de la llamada 'Ley de Derribos', Fernández se entrevistará el lunes con el presidente del tribunal, Rafael Losada, a quien expondrá la orientación de su departamento para «encauzar» el problema, y en septiembre lo hará con los cinco magistrados de la Sala, a quienes presentará un calendario «razonable» para ejecutar de forma escalonada las sentencias firmes de derribo que pesan sobre 663 viviendas situadas en los municipios de Escalante, Arnuero, Argoños, Piélagos y Miengo. Ayer mismo, Fernández se reunió con el alcalde de Piélagos, Enrique Torre. Anteriormente lo hizo con los afectados y los alcaldes de Argoños y Arnuero.
El preside del tribunal, Rafael Losada, no ha puesto reparo alguno a esta primera toma de contacto, ni lo considera una «intromisión» en la tarea judicial. Al contrario, Losada considera «positivo» que el Gobierno presente a la Sala una 'hoja de ruta' con sus propuestas para reconducir el conflicto, sobre todo porque «se habla siempre del respeto a las decisiones judiciales. Nadie está interesado en destruir nada. Lo que se pueda salvar, se salvará». La reunión llega después del cambio de criterio experimentado en la Sala respecto a la Ley de Derribos, una norma aprobada en abril con el respaldo de todos los grupos políticos, que impide que se ejecuten las sentencias de derribo si antes no se ha indemnizado a los propietarios de las viviendas. El pasado día 4, seis días después de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, el tribunal dictó una providencia en la que planteaba sus dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Derribos y avanzaba ya la cuestión de inconstitucional, que puede tardar más de cuatro años en pronunciarse.
La consulta da al Gobierno y a los ayuntamientos un respiro, según ha admitido el consejero, porque ganan tiempo para aprobar nuevos planeamientos que, en muchos casos, pueden legalizar las urbanizaciones condenadas, así como cerrar los expedientes de responsabilidad e indemnizar a los perjudicados.
Sin embargo, la consulta al Constitucional sobre la Ley de Derribos no ha sido un asunto pacífico entre los jueces. Desde que en la anterior legislatura se aprobaron reformas legislativas para dar soluciones legales a las viviendas con sentencias de derribo, los jueces «veían venir» la consulta al Constitucional. A pesar de todo, inicialmente «se intentó defender la constitucionalidad de la Ley de Derribos. No se quisó entrar con el colmillo retorcido y acudir al Constitucional», dice uno de los magistrados. La idea era respetar el fondo de la norma pero «sin hacer dejación de las funciones». La Sala, no sin debate, trató de «acompasar» los procedimientos de ejecución con la tramitación de los expedientes de indemnización del Gobierno y ayuntamientos que, según la normativa, se han de resolver en seis meses. Pero el caso de Las Llamas, de Argoños, forzó al tribunal a claudicar y a modificar su criterio inicial. La ejecución estaba tan avanzada que las máquinas iban a entrar este verano en la urbanización sin que los propietarios fueran indemnizados, lo que llevó al Ayuntamiento a invocar la Ley de Derribos para detener la ejecución. Ahí la Sala no tuvo más remedio que mostrar sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley.
