El consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, se mostró ayer decidido a que se tramite «de forma rápida» el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arnuero, que cree que conseguirá «una solución en el plazo de poco más de un año» para la urbanización de la Playa de La Arena, sobre la que pesa una sentencia firme de derribo.
Fernández se reunió ayer con el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, para hablar del PGOU como medio para solucionar todos los problemas de ordenación del Ayuntamiento, entre los cuales se encuentra esta urbanización, cuyo derribo ya se ha ejecutado en parte. «Impulsar el Plan significa, indirectamente, buscar una solución a la cuestión de La Arena y por eso estamos decididos a que se tramite de la forma más rápida posible sin perjuicio del propio Plan, pero sí que es viable una solución en el plazo de poco más de un año», aseguró el consejero.
Fernández resaltó que el Ayuntamiento tiene «muy avanzado» el trabajo, lo que, en su opinión, «va a posibilitar una aprobación inicial en un plazo muy breve». Destacó la colaboración entre las dos administraciones en busca de una solución.
Por su parte, el alcalde mostró su satisfacción por la receptividad del consejero que «tiene entre sus prioridades impulsar los planeamientos, no sólo de Arnuero , sino de todos los municipios de Cantabria».
El consejero explicó que desde su departamento se quiere colaborar con los ayuntamientos en la elaboración de los planes urbanísticos desde el inicio, para hacerles saber cuáles son las líneas generales que desde su departamento se van a plantear «para que, al final del proceso, no se encuentren con la necesidad de hacer modificaciones que podrían ser subsanadas desde un primer momento», ha puntualizado Fernández.
Primer encuentro
Ayer tuvo lugar la primera reunión entre la nueva consejera de Presidencia y Justicia y el representante del poder judicial en la región, y la primera conclusión que se extrajo es que ambos hablan el mismo idioma. Tanto la consejera, Leticia Díaz, que destacó el buen entendimiento entre ambos, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, se declararon «máxima lealtad institucional, espíritu de colaboración y coordinación».
Y la cuestión de inconstitucionalidad que el TSJC ha planteado a la modificación de la Ley del Suelo, la que pretende que los afectados por sentencias de derribo sean indemnizados antes de las demoliciones (la conocida como 'ley de derribos'), no implica guerra alguna. Que los jueces tengan dudas sobre la constitucionalidad de esta decisión, es una muestra «de la independencia e imparcialidad» de la Justicia en la región, según la consejera: «Si tienen una duda razonable, la deben plantear ante el Tribunal Constitucional, no es obstáculo a la labor del Gobierno», aseguró.
El Gobierno, dice Díaz, entiende que la modificación de la ley «era adecuada a derecho», por lo que actuará en cumplimiento de esa norma. Por su parte, Tolosa indicó que no puede «existir un acuerdo permanente entre los criterios del Gobierno y los órganos judiciales». Y esto forma parte de la «normalidad del funcionamiento del sistema», que se basa en «el respeto a las decisiones que toman los tribunales».
