La Asociación de Maltratados por la Administración ( AMA ) pidió ayer al Parlamento de Cantabria que manifieste su «queja, preocupación y malestar», al considerar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha cometido «una intromisión» en las competencias de la Cámara regional.
En un comunicado, AMA ha informado de que más de 300 afectados por sentencias de derribo han participado en una reunión celebrada en Argoños, en la que se ha expuesto la situación actual de los últimas actuaciones judiciales y el resultado de las diferentes reuniones y acuerdos de esta asociación con las administraciones.
A este respecto, AMA ha asegurado que la Mesa de Parlamento de Cantabria ha decidido admitir a trámite sus propuestas relativas al «conflicto de competencias» por la no aplicación por parte del TSJC de la Ley 2/2011, para agilizar las indemnizaciones por sentencias de derribo para que los afectados puedan cobrar antes de que se ejecuten las demoliciones, norma que ya está en vigor.
Además, según esta asociación, la Cámara regional también ha decidido admitir a trámite la posibilidad de una modificación del preámbulo de la esa ley, «para que no dé lugar a interpretaciones que no se ajustan a la verdadera intencionalidad de la ley».
En este sentido, AMA ha reclamado al Parlamento que sus leyes «no sean papel mojado» y le ha pedido que «por el conducto más adecuado manifieste su queja, preocupación y malestar por lo que es una intromisión en sus competencias y que puede causar una grave daño a los ciudadanos».
Esta asociación también ha valorado el traslado por el TSJC a las partes de la posibilidad de incoar la apertura de una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2011, una medida que la asociación duda de que el órgano judicial tenga competencia para tomar. «Los asesores jurídicos de AMA así como importantes catedráticos de Derecho Administrativo, los responsables del Gobierno de Cantabria ... todos estamos de acuerdo que la citada norma es constitucional y garantista de los de derechos de los ciudadanos y para nada impide la ejecución de sentencias», dice el colectivo.
La asociación, que preside Antonio Vilela, ha destacado los «puntos de encuentro» que mantiene con el Gobierno de Cantabria tras las reuniones mantenidas por ambas partes para buscar soluciones a los afectados.
«Creemos que tomar como base para las soluciones la aplicación de la ley 2/2011 de 4 de abril puede ayudar mucho, siempre que se haga respetando el patrimonio de los afectados como es la intención, espíritu y letra de la citada ley», explican.
Sin embargo, AMA ha manifestado, en base a su experiencia anterior, su «temor», porque, según ha señalado, «una cosa es la intencionalidad manifestada por las administraciones y otra la realidad de las actuaciones de las mismas».
