«Si no revisan mi discapacidad, mi hijo no tendrá el tratamiento que necesita»

José Antonio Cagigas sólo quiere que le hagan una nueva valoración para así llevar a su niño, enfermo de leucemia, al Hospital de La Paz

A. SAN MIGUELSANTANDER.
Foto: Sé Quintana/
Foto: Sé Quintana

A sus 44 años, José Antonio Cagigas, reconoce que ya está «cansado de tocar puertas». Ha sido camarero y teleoperador, pero su discapacidad física ya no le permite trabajar y tiene que subsistir con los 299 euros que cobra de la pensión de desempleo. En estos momentos tiene reconocido un grado de minusvalía del 60%, pero no es suficiente. Y no lo es porque su última valoración no tiene en cuenta los problemas físicos que sí reconocen los médicos. Y sobre todo, no basta para financiar el traslado y tratamiento de su hijo de nueve años, enfermo de leucemia, al hospital madrileño de La Paz. «No quiero dar pena ni que me hagan ningún favor», afirma Cagigas. «Sólo pido que respeten mis derechos y valoren mi grado de discapacidad como es debido».

A pesar de que un informe clínico emitido en el Hospital de Valdecilla reconoce a Cagigas múltiples trastornos, la última valoración del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) sólo le reconoce limitaciones por una nefrosis renal -que padece desde niño- y por un trastorno de la afectividad. En total, acumula un grado de discapacidad del 60%, pero los médicos también le han diagnosticado una enfermedad respiratoria, obesidad mórbida, hipertensión y cojera.

No es de extrañar que el Icass pasara por alto todas esas dolencias. «La doctora ni siquiera me auscultó. Entré, y en menos de un minuto ya había terminado», explica Cagigas. Su reacción fue solicitar un nuevo reconocimiento y, al mismo tiempo, presentar una reclamación. «Todos mis males empezaron cuando presenté ese papel», asegura. «Para empezar, no me contestaron en los 30 días de plazo. Primero me dicen que el informe está paralizado y luego que no, que tengo que esperar a que vuelva la directora del centro, que lleva tres meses de baja. Pregunto si no hay otro responsable y me contestan que no. Vuelvo a llamar y me dicen que hasta dentro de dos años no puedo solicitar más revisiones», cuenta Cagigas, que se va indignando a medida que recuerda los desplantes.

Hasta el momento, el Gobierno de Cantabria tampoco ha hecho nada por él. Hoy una tregua: el Ayuntamiento de Santander atenderá su caso. Cagigas será recibido por el concejal de Sanidad y Salud, Antonio Gómez. Después de una larga pausa para recuperar la compostura, el hombre rompe su silencio y dice: «Estoy muy cansado de tocar puertas, pero lo que más me duele es que se rían de mí».

Resulta difícil creer que alguien que trabaja en un servicio social pueda reírse de una persona con discapacidad, pero Cagigas jura que una de las primeras veces que acudió al Icass «todo fueron risitas y darme largas hasta que volviera la directora».

Atrapado entre la necesidad y la impotencia, decidió que la única salida era acudir a los tribunales. Así que el próximo 29 de julio, cuando se hayan cumplido tres meses desde su reclamación, Cagigas acudirá al Juzgado de lo Social para presentar una denuncia. «No quiero meterlos a juicio, pero me están tomando el pelo y no puedo más. Sólo quiero que me reconozcan esto», dice señalando el último parte médico que le hicieron en Valdecilla, con fecha del 12 de abril, y que propone «la calificación del trabajador como incapacitado permanente en grado total».

Cagigas insiste en que sólo pide que se respeten sus derechos porque es la única manera de llevar a su hijo, que está enfermo desde los tres años, a Madrid.

«Valdecilla es un gran hospital pero no tienen el tratamiento que necesita el niño», asegura. «Yo puedo salir adelante luchando mucho y con la ayuda de mi madre, pero con lo que gano, y con mi mujer en paro, si no revisan mi discapacidad, mi hijo no podrá tener el tratamiento que necesita».

Lo último que ha sabido del Icass -hace sólo unos días- es que, de momento, tendrá que esperar para ser valorado de nuevo.

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