Rafael Losada, a la izquierda, saluda al consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, tras recibirle en su despacho del TSJC. :: ROBERTO RUIZ
El Gobierno regional quiere que su plan para abordar las sentencias de derribo de las urbanizaciones declaradas ilegales tenga el respaldo de los jueces. Y para ello, en septiembre, trasladará a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior el plan que ya está elaborando. El Ejecutivo insiste en su voluntad de consenso y colaboración.
Estas son las ideas trasmitidas ayer por el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, tras reunirse durante dos horas con el presidente de la Sala de lo Contencioso, Rafael Losada. «Nosotros lo que somos es colaboradores leales con la Sala de lo Contencioso para poder ejecutar las sentencias y con ello dar solución al problema, siempre con absoluto respeto, desde el ordenamiento, a la totalidad de las normas que resulten de aplicación», sentenció el consejero, que, no obstante, insistió en que la «dimensión económica y los problemas sociales» impiden una ejecución inmediata (hay 663 viviendas con sentencias de demolición en cinco municipios), por lo que es necesario un plan para varios años. Así pues, si el plan que propondrá el Gobierno cuenta con el acuerdo de todos «pues mejor, si no, pues será la Sala la que tendrá que ir decidiendo cuál es la forma en que se desarrolla la ejecución de esas sentencias». «Si nuestra forma de enfocar la cuestión el tribunal la considera inadecuada, nosotros tenemos que someternos a sus criterios, porque es quien tiene la competencia para ejecutar las sentencias», indicó el consejero.
La Consejería ha puesto este asunto entre las prioridades de su departamento. El objetivo es preparar un documento de trabajo durante julio y agosto que presentarán al TSJC en septiembre. Un calendario razonable para ejecutar de forma escalonada las sentencias firmes de derribo.
Por su parte, Losada explicó que trasladará a la Sala de lo Contencioso del TSJC las ideas que ayer le expuso el consejero y será ésta la que las valore, si bien reconoció que los planteamientos apuntados por el consejero han sido recibidos con buena impresión ya que no se alejan de lo que la Sala quiere, que es cumplir con el ordenamiento jurídico, con las sentencias, y que los damnificados cobren las indemnizaciones que les correspondan. El TSJC, insistió, no tiene la idea de tirar todo lo que se pueda, sino que está abierto a abordar todo lo que pueda salvarse que no eluda el cumplimiento de la ley. En septiembre, cuando la Consejería disponga de un borrador, la Sala de lo Contencioso del TSJC se sentará a trabajar con ellos.
El anterior Gobierno valoró en 300 millones de euros el coste de las indemnizaciones. Ayer, Javier Fernández no quiso aventurar ninguna cifra global y explicó que las valoraciones se irán haciendo «caso por caso», teniendo en cuenta las diferentes reclamaciones. «Yo hoy no puedo darle una cifra porque van a ser los estudios técnicos los que la concreten», indicó el consejero, que admitió que «espera» que esas cifras sí puedan estar listas cuando se reúnan con el TSJC en septiembre. Para el consejero, la dimensión económica es tan importante que requiere de un plan a lo largo de varios años. La idea es crear una especie de «fondo de reserva», que se incluirá en los presupuestos de varios ejercicios.
Otro de los temas tratados ayer fue la necesidad de agilizar los planeamientos urbanísticos de todos los ayuntamientos. Para Fernández es pura necesidad que éstos cuenten con instrumentos de planeamiento actualizados, reales y vigentes para que sirvan como fenómeno de dinamización de la vida económica y social».
