La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC tiene tres días para decidir si consulta o no ante el Tribunal Constitucional si la conocida como 'Ley de Derribos', que impide demoler las urbanizaciones ilegales antes de indemnizar a los dueños, se ajusta a la Carta Magna .
La posibilidad de esta cuestión de inconstitucionalidad surgió después de que el Ayuntamiento de Argoños pidiera a la Sala la paralización de varios derribos amparándose en esa ley.
La magistrada encargada del caso cree que esa ley puede vulnerar la Constitución porque regula una materia (la responsabilidad patrimonial) que es competencia exclusiva del Estado. Por ello dio a las partes (Fiscalía, Ayuntamiento de Argoños y la asociación ecologista Arca) un plazo de diez días para opinar sobre ello. Una vez oídos, el TSJC decidirá si plantea o no al Alto Tribunal la consulta. El Ayuntamiento de Argoños señala en su escrito de alegaciones que no existe una invasión de competencias estatales y recuerda que no tienen capacidad económica para ejecutar los derribos. Arca declinó ayer informar a este periódico sobre su postura, si bien en abril ya se mostró favorable a cursar dicha cuestión de inconstitucionalidad.
El consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, cree que la consulta sobre la constitucionalidad de la ley no dificultará el consenso con los tribunales de cara al plan de derribos, puesto que «son caminos paralelos y distintos», y además no significa que la ley no debe aplicarse mientras tanto.
