La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado el sobreseimiento de las causas abiertas contra los constructores de las famosas unidades de ejecución 1.34 y 1.33 de Santa Catalina, en Castro Urdiales. En un auto de 67 páginas emitido ayer, la Audiencia vuelve a dar un varapalo al magistrado castreño y revoca, en sus partes más esenciales, el auto que dictó Acayro en enero de 2010 y en el que imputaba a 32 personas, entre políticos, expolíticos, funcionarios, técnicos y constructores por el desarrollo urbanístico de esa zona del municipio.
Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acepta los recursos de varios técnicos y funcionarios y también los presentados por los promotores de Urdicam, Viviendas y Promociones Cotolino, Inmobiliaria Izarra y Castrum Varduliex, al entender que no cometieron el delito contra la ordenación del territorio que se les imputaba por construir sobre un arroyo que la audiencia asegura que no existe.
Sin estafa
Por ende, los promotores que habían vendido viviendas en las construcciones afectadas ven retirado también el delito de estafa al que debían hacer frente por haber vendido pisos con modificaciones urbanísticas supuestamente ilegales.
La Audiencia Provincial reitera la legalidad de esas construcciones que el juez Acayro llegó a calificar de «ilegales e ilegalizables», no descartando la posibilidad de que tuvieran que se demolidas. Este auto emitido ayer viene a apoyar la teoría del Ministerio Fiscal que ya en su día, pidió el sobreseimiento de los constructores y, de hecho, no emitió contra ellos escrito de acusación.
Sí lo hizo contra el exalcalde, Rufino Díaz Helguera, único político para el que pedía cárcel (tres años). Su recurso ha sido estimado en parte y la audiencia le ha sobreseído de los delitos de falsedad documental y prevaricación, aunque mantiene el delito contra la ordenación del territorio, al considerar que pudo haber irregularidades a la hora de habilitar zonas de recreo y descanso. Lo mismo acuerda con respecto al exalcalde Fernando Muguruza, al que también retira el delito de falsedad y mantiene el que se refiere a la ordenación del territorio.
Desestima por completo, los recursos de los exconcejales Santiago Vélez, Concepción Carranza, José Miguel Rodríguez López, Fidel Uriarte, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Pedro Olano y María Ángeles Blanquet, para los que la Fiscalía pide penas de inhabilitación y, en algunos casos, también multas por haber apoyado en los plenos la aprobación de los sucesivos acuerdos.
El último auto de la Audiencia Provincial supone un nuevo tirón de orejas para el juez Acayro. Por el contrario, da vida a las constructoras, hundidas tras la causa abierta en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 de Santa Catalina, y a los compradores de todas estas viviendas investigadas que temían por el futuro de sus casas.
