Un centenar de afectados por las sentencias de derribo y simpatizantes se concentraron en Puertochico tras recorrer las principales calles de la ciudad. :: ROBERTO RUIZ
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se comprometió ayer con los afectados por las sentencias de derribo a intentar remediar su problema y evitar el mayor número posible de demoliciones. Para ello, aseguró, el Gobierno les presentará en septiembre un borrador de soluciones «vivienda por vivienda», que también enviarán a los tribunales de justicia. Una representación de los participantes en la séptima marcha de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se reunieron con el presidente y con el consejero de Urbanismo, Javier Fernández. Posteriormente, se entrevistaron con el presidente del Parlamento de Cantabria, José Antonio Cagigas que también se comprometió a ayudarlos y a defender «con ahínco» la constitucionalidad de la Ley de Derribos.
Los portavoces de los grupos socialista y regionalista, Rosa Eva Díaz Tezanos, y Rafael de la Sierra, respectivamente, también les ofrecieron su apoyo en sendos encuentros que mantuvieron con los representantes de AMA.
Mientras en los despachos de los políticos los portavoces de los afectados por las sentencias de derribo reclamaban justicia para su situación, en la calle un centenar de personas procedentes de Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos y Miengo clamaban por la legalización de las viviendas, en una manifestación que recorrió las calles de la ciudad desde el Parlamento hasta la sede del Gobierno regional en Puertochico. En este punto, el presidente de la asociación, Antonio Vilela, leyó un manifiesto y dio por concluida la séptima marcha de AMA en la que han participado, durante dos días, medio millar de personas, que buscan soluciones por parte de las administraciones públicas.
Las reuniones
Vilela, con la voz rota tras dos días de marcha, se encontraba muy esperanzado tras los encuentros mantenidos en el Gobierno y en el Legislativo.
En la primera de las reuniones, Ignacio Diego les explicó que el Gobierno busca salidas para evitar los derribos que impidan además que las indemnizaciones «agobien» a la Comunidad.
Reconoció la «incapacidad del Ejecutivo» para abordar las indemnizaciones a las que tendrían derecho, dada la situación económico financiera de Cantabria. Por ello, señaló, «este proceso requiere discusión y trabajo, que el Gobierno ya está haciendo con toda la intensidad y en un plazo breve de tiempo».
También subrayó que los propietarios de estas viviendas, un total de 663, no tienen «ninguna culpa» de la situación en la que se encuentran, sino que «son víctimas de una serie de errores en materia de urbanismo».
Cagigas, por su parte, aseguró que el Parlamento defenderá ante el Tribunal Constitucional la llamada Ley de Derribos. Esta norma, que fue aprobada por unanimidad el pasado mes de abril, supuso un balón de oxígeno para afectados y ayuntamientos. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha planteado dudas sobre algunas de sus disposiciones y la ha llevado hasta el Constitucional, lo que puede paralizar las sentencias entre tres y cinco años.
El presidente del Parlamento anunció que se ha encargado a los servicios jurídicos que vayan preparando las alegaciones para defender la constitucionalidad de la Ley. «Nosotros pensamos que es plenamente constitucional», reconoció al termino de la reunión.
Tras la manifestación, Antonio Vilela, en nombre de todos los participantes, destacó la «voluntad clara» del Gobierno en general, y de su presidente y consejero de Urbanismo en particular, de «intentar solucionar» el problema.
Satisfecho con las buenas intenciones reconoció que la asociación no va a volver a esperar otras dos décadas y exigió «soluciones reales» a «veinte años de sufrimiento».
Vilela se mostró partidario también de evitar el coste de «300 millones de euros» que, según ha dicho, tendrían que pagar «todos los cántabros» para acometer los derribos y hacer frente a las indemnizaciones.
También manifestó su voluntad de que se cumpla la ley aprobada el pasado mes de abril para que los afectados que tengan que ser indemnizados cobren antes de los derribos.
Vilela, que se mostró emocionado en varios momentos de la jornada, tanto por las promesas de los políticos como por el apoyo de todos los cántabros, recordó las dos principales reivindicaciones de la asociación: que no se derriben las casas y, en último caso, que se paguen las indemnizaciones justas antes de las demoliciones.
