De la denuncia pública a la batalla en la Administración regional. Ecologistas en Acción y los colectivos 15-M Cabezón y 15-M -Santander han formalizado ya un recurso contra el permiso que la anterior Consejería de Industria otorgó a la empresa Trofagas para estudiar si hay gas en el área del Saja-Nansa y poder explotarlo posteriormente mediante el sistema de 'fractura hidráulica'. Este procedimiento, nuevo en España, consiste en la extracción de gas natural introduciendo grandes cantidades de una mezcla de agua, arena y productos químicos, que inyectada a alta presión rompe las rocas del subsuelo y libera el gas natural y otros líquidos retenidos en ellas.
La licencia de investigación es para una zona comprendida entre San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y los Tojos. En las últimas semanas se han producido varias reuniones de vecinos y colectivos para dejar si ne efecfto el permiso. El propio Gobierno regional ya ha anunciado que vigilará de forma estricta el cumplimiento de la legislación.
Además del recurso, al que está previsto que se sumen otros colectivos, numerosos vecinos de los nueve municipios afectados están presentado en sus ayuntamientos escritos en los que piden que sua Corporación rechace la licencia y que manifieste su malestar y preocupación por la puesta en marcha de planes de explotación de gas por medio de fracturación.
El recurso alega la «deficiente e incompleta» información que contiene el expediente de Trofagas Hidrocarburos S.L. en base al que se han otorgado los permisos. Unos permisos de investigación por seis años, que contemplan la realización de cuatro pozos, el primero en el segundo año, con una inversión total de unos 20,5 millones de euros.
Los recurrentes destacan que la empresa dice que aportarán estudios de impacto ambiental «sólo si se requiriesen» y consideran «temerario e irresponsable» que se califique sólo de «posibles» los riesgos de fugas, derrames, erupciones de gases y contaminación de aguas residuales. A su juicio, la enumeración de los impactos que la propia empresa expone para las tres fases de perforación, «tienen tal gravedad y repercusiones ambientales, que demandan una evaluación de impacto ambiental desde el inicio».
El recurso recuerda que la Asamblea de Francia ya ha prohibido los permisos de investigación y explotación por 'fracturación hidráulica', y alude a un informe del Parlamento Europeo que reclama una directiva específica y alerta de la alta ocupación del terreno que implica este sistema, de las emisiones a la atmósfera de contaminantes y de los riesgos para las aguas subterráneas y de las sustancias peligrosas que se utilizan en la fracturación.
Además, agrega la UE, en Estados Unidos se han producido accidentes dañinos para el medio ambiente y la salud humana. La UE se cuestiona «si la inyección subterránea de productos químicos tóxicos debería ser permitida, o si debería ser prohibida, ya que tal práctica podría restringir o excluir cualquier uso posterior de la capa contaminada». Opina que los permisos deberían ser reevaluados en vista de los riesgos.
El recurso de los colectivos cántabros también aporta dos artículos de revistas científicas y un informe del Tyndall Centre, organización del Reino Unido formada por ocho universidades entre las que se encuentran Oxford y Cambridge. Ese documento denuncia la poca información que las industrias aportan sobre las numerosas sustancias utilizadas, pese a que muchas han sido calificadas por los organismos europeos de «inmediata atención» por sus efectos potenciales sobre la salud y el medio ambiente. De hecho 17 han sido clasificadas como tóxicas para organismos acuáticos, 38 son tóxicos agudos, 8 son cancerígenos probados, 7 son elementos mutagénicos, y 5 producen efectos sobre la reproducción.
