La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) quiere que la Ley de Derribos, que prevé indemnizar a los afectados antes de producirse la demolición de una vivienda declarada ilegal, tenga un desarrollo a nivel nacional. Para ello, sus representantes iniciarán una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a los que propondrán que defiendan una reforma legislativa que permita modificar la ley estatal e incorporar el espíritu de la normativa cántabra.
La iniciativa de AMA ha sido bien acogida por el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández, quien en declaraciones a este periódico consideró la propuesta «sumamente razonable» y «digna de ser estudiada».
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula el régimen de la responsabilidad patrimonial de las administraciones, únicamente prevé el pago de la indemnización cuando se produzca el daño, que en los casos urbanísticos es la demolición de lo ilegalmente construido. Por el contrario, la Ley de Ordenación Territorial y del Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria, más conocida como Ley de Derribos, reformada el pasado mes de abril con el consenso de todos los grupos parlamentarios, contempla la indemnización antes de demoler una vivienda. El Parlamento de Cantabria se convirtió así pionero en toda España, si bien ahora el Gobierno gallego está tramitando un régimen similar.
Pero la iniciativa legislativa cántabra no ha sido pacífica. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) duda de la constitucionalidad de la reforma y ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley al considerar que puede vulnerar la normativa estatal.
El responsable de Urbanismo, Javier Fernández, defiende que la ley es «razonable en cuanto al fondo y justa», además de constitucional porque Cantabria hace uso de sus competencias en materia urbanística. Pero entiende también que el Estado, haciendo uso de sus competencias exclusivas en materia de responsabilidad patrimonial, podría modificar la legislación «para dar una solución a este tipo de cuestiones. Se trata de una iniciativa razonable para explorar», señaló ayer a título personal, porque el asunto no ha sido tratado por el Gobierno regional.
El colectivo AMA, que reúne a la mayoría de los afectados por sentencias firmes de derribo en Cantabria, entiende que la filosofía de la Ley de Derribos «es un avance importante en la garantía de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones», y va a proponer a los partidos políticos un compromiso electoral en este sentido de cara a las elecciones del 20-N.
