El juez Acayro emitió ayer un nuevo auto en el que acuerda la apertura del juicio oral del 'caso Santa Catalina', que afecta a varias construcciones levantadas entre el polideportivo Pachi Torre y el colegio Arturo Dúo de Castro Urdiales y que va a conducir al banquillo a 20 personas. Entre ellas, los dos últimos alcaldes de la localidad: Rufino Díaz Helguera, edil de Acuerdo por Castro e imputado por prevaricación administrativa, y Fernando Muguruza, imputado en su caso por prevaricación urbanística. El resto son 14 exconcejales y 4 técnicos municipales, también imputados por presunta prevaricación.
Aunque ayer los imputados desconocían la existencia de este auto, una vez que lo reciban deberán presentar sus correspondientes escritos de defensa, trámite tras el cual el Juzgado Número 2 de Castro Urdiales remitirá las actuaciones al órgano juzgador, que en este caso será el Juzgado de lo Penal ya que las penas que se piden son inferiores a los seis años de prisión.
En un primer momento, el instructor imputó a 32 personas, entre las que había concejales, funcionarios, empresarios y técnicos, a los que atribuía la comisión de delitos, no sólo de prevaricación, sino también de falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio. Pero hace un mes, la Audiencia Provincial de Cantabria restringió parte de las imputaciones. Así, en un auto emitido el pasado día 29 de julio determinó que no había habido estafa en la venta de viviendas ni delitos contra de la ordenación del territorio. Además, reiteró la legalidad de esas construcciones que Acayro llegó a calificar de «ilegales e ilegalizables», no descartando la posibilidad de que tuvieran que ser demolidas.
Con esta decisión quedaron fuera de la causa constructores, arquitectos y los redactores del Plan General de Castro Urdiales.
«No hay nulidad»
En este nuevo auto, Acayro archiva el delito contra la Hacienda Pública por parte de los administradores legales de varias constructoras, porque regularizaron las cuentas de sus empresas y pagaron los impuestos que se les requerían. «Tenían planeado defraudar a la Hacienda Pública 994.562 euros», apunta.
El magistrado rechaza algunas causas de nulidad que esgrimieron las defensas al recurrir el primer auto que emitió sobre este caso, el 23 de diciembre de 2009. Acayro niega que la causa esté viciada ni que se haya emprendido un «proceso general» en el Ayuntamiento. «La investigación se inició correctamente ya que existe un informe del Tribunal de Cuentas que revelaba una serie de irregularidades continuas».
El instructor insiste en que el urbanismo de Castro Urdiales adolece de «graves carencias» y en que esta competencia ha estado gestionada «a criterio y voluntad de los responsables municipales», haciendo «caso omiso» a advertencias reiteradas de ilegalidad. Apunta, además, que en la instrucción ha quedado acreditado que se aprobaron modificaciones del PGOU de Castro Urdiales en contra de «informes negativos y vinculantes» de la Comisión Regional de Urbanismo.
Asimismo, sostiene que esos dictámenes negativos fueron «conocidos» y «finalmente omitidos» y remarca que cuando los ediles votaron en el pleno a favor de la modificación puntual del planeamiento fue «sabiendo perfectamente lo que se votaba».
«No cabe acogerse a la disciplina de voto de los ediles para tratar de eludir la responsabilidad penal. Quien vota en un Consistorio es responsable de lo que vota», sostiene el juez Acayro.
El magistrado hace especial hincapié en la actuación de una de las exediles del PSOE, María Pilar Villanueva, que votó a favor de la modificación del Plan General en una decisión que, a posteriori, afirma, «benefició» claramente a su familia ya que vendió terrenos de su propiedad por «200 millones de pesetas» (1,2 millones de euros).
Medidas cautelares
En su auto, el magistrado castreño rechaza la solicitud de alzamiento de medidas cautelares que realizaron los constructores afectados, a pesar de que fueron absueltos por la Audiencia. Mantiene la paralización de las obras de 150 viviendas y un supermercado Supercor, que ejecuta Castrum Varduliex, al entender que «ha quedado acreditado que los promotores han manipulado el proyecto de reparcelación para dar visos de legalidad a una ilegalidad, que han reducido la superficie destinada a equipamientos y que se ha ocasionando un perjuicio estimado al patrimonio municipal de 2,4 millones de euros mediante la modificación fraudulenta del PGOU».
Lo que no deja claro es si devolverá a los promotores las fianzas millonarias que depositaron para garantizar las posibles responsabilidades civiles que se pudieran derivar de la causa, y que, según la Audiencia Provincial, no existen al no haber delitos de estafa y contra la ordenación del territorio.
