Para la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) las palabras de la fiscal jefe del TSJC, María Teresa Calvo, sobre la ley de derribos son «desafortunadas» y suponen una «burla» para miles de afectados por las sentencias de derribos en Cantabria.
Armand Comín, uno de los portavoces de AMA, criticó ayer duramente que Calvo advirtiera de la inseguridad jurídica de la ley que permite la legalización de algunas de esas viviendas con sentencias de demolición. Lamentó que la fiscal aludiese a conceptos jurídicos «indeterminados» y advirtió que supone un «pulso inmerecido» a la voluntad popular, ya que esa ley se aprobó por unanimidad en el Parlamento.
Comín lamentó que la situación de los afectados por sentencias de derribo siga «en un callejón muy oscuro», mientras los intentos por conseguir luz son lentos y a veces dudosos y cuando se promulgan leyes que podrían ayudar como la de Medidas Urgentes o la de Indemnizaciones «siempre hay filibusteros y torpedeadores que sin razón clara buscan el quinto pie al gato».
El portavoz de AMA se preguntó si lo que quiere Calvo es notoriedad e indicó que la podía haber conseguido si la Fiscalía hubiera actuado de oficio «denunciando a los auténticos culpables de este gran problema». Culpables que, según las sentencias, apuntó, son las Administraciones públicas y contra éstas «nadie, ni fiscalía ni jueces, han emprendido acción legal alguna». «Los condenados son unos y los paganos somos los afectados por sus desmanes. Los culpables siguen sin mácula. Ahí sí tenía usted, señora Calvo, tarea y notoriedad», sentenció el portavoz de AMA.
«¿Qué pretende la señora Calvo? ¿Volver a la situación anterior a la mencionada ley cuando cualquier ciudadano honesto podía comprar una vivienda en Cantabria y quedarse sin ella simplemente porque no existía constancia alguna de que ésta estuviera denunciada? Eso sí que era inseguridad jurídica además de vulneración fragante del derecho fundamental de la propiedad», continuó Comín.
El portavoz de los afectados también se dirigió contra la Demarcación de Costas, que en el caso de Cerrias primero se negó a intervenir, hace 4 años, porque la urbanización quedaba fuera del deslinde y ahora dice que traspasa en parte su línea de no retorno y se niega a reconsiderar su postura a pesar de que las Administraciones, amparadas por la Ley de Medidas Urgentes que critica la fiscal jefe, tratan de regularizar la situación.
