«Prometí que no iba llorar, peor no puedo con esto». Es Rosa Pérez, propietaria de una de las viviendas de Cerrias II consideradas 'insalvables' en el plan de derribos del Gobierno regional. Desconsolada, como casi todos, se pregunta: «Si las demás tienen una posibilidad de legalización, ¿por qué las nuestras no?» Se enjuaga las lágrimas. Y añade: «¿Indemnización? Yo compré mi casa aquí, con la documentación en regla, y lo que quiero como indemnización es una casa aquí, en Liencres, donde no queda suelo disponible para construir», recuerda.
17 viviendas de Cerrias serán las que ostenten el dudoso honor de ser las primeras, de 150, en ser tiradas. Primero caerá una estructura en Argoños, pero no está habitada.
Verse los primeros de una lista demoledora ha devuelto a los afectados a los tiempos convulsos de hace 11 años, el origen de todo.
Hundidos, como el destino que aguarda a sus casas, los dueños de las viviendas terminaban ayer de analizar los detalles del documento hecho público el pasado viernes. El Gobierno garantiza el pago de indemnizaciones que repararán el daño físico, aunque no el moral. Nerviosos, preocupados, abatidos, algunos muy enfadados, los vecinos recuerdan el «sufrimiento» que han vivido, viven y van a seguir viviendo hasta que puedan empezar una nueva vida. Será en otro lugar.
Al otro lado de la calle donde vive Rosa hay viviendas con las persianas echadas. Pero hay gente. A una llamada, los dueños que abren sus puertas se disculpan amablemente y declinan cualquier declaración. La mayoría no quiere hablar. «¿Para qué? De nada va a servir». Pero hay una minoría que sí, que parece estar esperando turno para despacharse a gusto.
Recién llegado a casa, uno de los vecinos de la zona peor parada en el plan de derribos ofrece su testimonio pero exige que no se publique su nombre. «No tienen lo que hay que tener para derribar nuestras casas», afirma con mucha rabia. «Ponlo. Ponlo. Y pon también que le pido al señor consejero (se refiere al titular de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández) que tenga un mínimo de respeto y que antes de ir presumiendo de sus logros empiece primero por mandarnos una carta oficial en la que se nos informe de que nos van a tirar nuestra vivienda, porque yo le puedo asegurar que no tengo ningún papel que lo acredite. Me he enterado por el periódico».
Su ira crece: «Pero ¿qué es lo que quieren?, ¿enterrarnos con la casa como ya les ha pasado a cinco vecinos?», dice refiriéndose a los residentes que, por diversas razones, han fallecido en los últimos años. «Si la pala viene ahora, fíjese en lo que le digo, a mí me entierran con mi casa», concluye.
«Un chasco»
En la misma situación se encuentra Óscar Gómez, otro de los habitantes de Cerrias II. No entiende «nada». Aunque por su salud mental, la de su esposa y la de su hijo pequeño, intenta no hablar del tema, reconoce que la publicación del plan de derribos ha sido «un chasco» porque él y su familia esperaban otro resultado y no éste: «Se van a gastar 300 millones de euros en derribar viviendas en lugar de construirlas», se lamenta mientras trata de digerir la que se avecina. «Cuando llegue el momento, pues ya se verá».
Cerca, en la urbanización Cerrias I, Paula Esteban sale a responder por sus padres, que están fuera de España. Ni ella ni su familia entienden muy bien «por qué la nuestra no se libra y la de al lado sí». Le parece «muy injusto» y «totalmente surrealista», y aunque se alegra por sus afortunados vecinos, piensa que si su vivienda es ilegal «también deberían serlo entonces las que están aquí al lado, dentro de esta misma delimitación» y que, sin embargo, ni siquiera fueron denunciadas en su día. «Harta» ya de aguantar esta situación -«ya son 11 años»- Paula dice que lo único que ella y sus padres quieren es que «acabe todo esto de una vez».
Las indemnizaciones
Portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y vecino de la zona, Armand Comin, uno de los miembros más activos del colectivo de las urbanizaciones de Cerrias, confía en que las indemnizaciones por los daños que provocarán las demoliciones «no tarden en llegar». Es, dice, «una prioridad» en este momento tan delicado para él y sus vecinos en el que, al menos, «el Gobierno regional ha aportado una solución» tras una larga década de «sufrimiento, penas, estrés y agotamiento».
Cerca de allí, donde las viviendas construidas sí van a esquivar a las piquetas, los vecinos respiran con el lógico alivio de ver a salvo sus propiedades, aunque corre una cierta brisa de extrañeza. A María Ángeles Santiago, por ejemplo, le parece «ridícula» la discriminación que afirma se ha hecho entre los habitantes de la zona. «Se me cae el alma a los pies cada vez que les veo llorar», dice la mujer, que recuerda que en Cerrias «estamos todos en el mismo barco». Para otros, eso «no es un consuelo».
Dice María Ángeles que esperaba «un indulto». Pero no. No lo ha habido. Habrá indemnización. «No hay compensación que valga. Además, los cántabros necesitamos ese dinero para otras cosas, no para pagar las chapuzas de otros», concluye señalando a la clase política.
«Disgustada» por sus vecinos, entre los que tiene amigos, Merche Padilla lamenta la suerte ajena y bendice la suya. Pero no se extiende en consideraciones. «Estamos hasta el gorro de dar explicaciones», advierte. Un evidente síntoma de hartazgo que comparten cuantos en los últimos 11 años han visto sus vidas expuestas a la intemperie por culpa de una situación que, reconocen, «nunca vamos a olvidar».
Informe psicológico
En mayo de 2010, a petición del equipo jurídico que asesoraba a un grupo de afectados, el médico psiquiatra Baltasar Rodero elaboró un informe para evaluar los daños morales que podría llegar a producir a sus pacientes (la mitad de los vecinos de la urbanización) la convivencia diaria con la angustiosa sensación de que iban a perder sus propiedades. Una percepción, por sí sóla, «suficiente como para hundir la vida de una persona».
Según el doctor Rodero, el 12,5% de los vecinos sometidos a aquel examen «no presenta ninguna patología». El 87,5% restante, en cambio, sí. De estos últimos, el 50% presentaba «un episodio depresivo grave» y «un trastorno de ansiedad grave»; el 25% «un episodio depresivo moderado» y el 12,5% «un trastorno de ansiedad».
El psiquiatra explicó, en aquel entonces, que el drama de los vecinos de Cerrias era «suficiente como para hundir la vida de una persona».
Concluyente, el doctor Rodero auguraba a sus pacientes un futuro emocionalmente incierto: «Pase lo que pase con sus viviendas, se arregle de un modo u otro, a toda esta gente le quedará siempre el recuerdo de su sufrimiento».
