Los vecinos del Barrio Pesquero quieren conocer el estado de salud de la estructura de sus edificios antes de decidir acogerse o no al proyecto de Área de Rehabilitación Integral (ARI) que el alcalde, Íñigo de la Serna, les presentó ayer en un encuentro con cerca de 150 de ellos.
En la mente del vecindario aún está fresco el accidente ocurrido el año pasado en una casa de la calle Tío Tremontorio, donde el suelo de una cocina se desplomó arrastrando a una madre y a su hija, que resultaron heridas leves. Por eso, Inés, la presidenta de la asociación de vecinos, recordó ayer durante la reunión que el suelo de algunos edificios está agrietado, extremo conocido en el Ayuntamiento por la inspección técnica de los edificios que realizó en su día. Ese estudio reveló algunas «anomalías técnicas no alarmantes y que no requieren intervención urgente». Estos defectos, achacables en su mayoría al paso del tiempo, según el alcalde, pueden ser corregidos con las ayudas previstas en el ARI.
Algunos vecinos, sin embargo, además de exigir un estudio previo más en profundidad, achacan las grietas a las excavaciones que se hicieron en su día para el saneamiento de la Bahía y para construir el puente levadizo de Raos.
Es opcional
El concejal de Urbanismo, César Díaz, explicó que cualquier rehabilitación siempre viene precedida por «un estudio particular para cada edificio, ya que cada uno tiene sus propias necesidades». El alcalde, por su lado, aclaró a los vecinos que acogerse a este plan «no es obligatorio». «Es una oportunidad que se da para rehabilitar las viviendas, pero es optativo, cada comunidad de propietarios o cada familia decidirá si quiere o no», señaló.
El alcalde, que liga el ARI al proceso de renovación del espacio portuario para que el Barrio Pesquero «no se quede como una isla», informó de la creación de una comisión mixta, en la que las administraciones compartirán mesa con los vecinos para seguir el proceso «con transparencia».
Actualmente, el Ayuntamiento de Santander se encuentra trabajando en la redacción de la documentación necesaria para la declaración del ARI, que será trasladada en el plazo de dos semanas al Gobierno regional. Posteriormente, tras su revisión por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que ya ha mostrado su total disposición a colaborar con el proyecto, será remitida al Ministerio de Fomento para su aprobación definitiva.
