En el tiempo de las nueve semanas que median entre el 6 de septiembre y el 14 de noviembre, y desde 1975, en el calendario del pueblo saharaui se sitúan tres fechas, dos de ellas las ya dichas, ninguna para celebrar, las tres para conmemorar con tristeza y, a la vez, con espíritu de resistencia y ánimo reivindicativo.
6 de septiembre de 1991. El día 6 del pasado mes de septiembre se cumplió el vigésimo aniversario del establecimiento del alto el fuego, que dejó en suspenso la guerra que enfrentó a los ejércitos marroquíes con los combatientes del Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo saharaui, durante 16 años, desde que el reino de Marruecos invadió y ocupó el Sahara Occidental, animado por los últimos suspiros de la dictadura franquista y los primeros vagidos intradictatoriales de una Monarquía a punto de renacer. El cebo lanzado fue el de asentar las condiciones de posibilidad, sobre la base del censo de población saharaui elaborado por las autoridades colonialistas españolas en 1974, que permitieran celebrar el referéndum de autodeterminación, recogido en el Derecho Internacional, y refrendado en la resolución 1514 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Para mayores garantías, la ONU envió al Sahara Occidental a la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental), que paradójicamente devino aplicada colaboradora, no siempre por omisión, en la incansable dedicación del reino alauí por violar los derechos humanos del pueblo saharaui.
Desde hace esos 20 años se viene escenificando esa otra suerte de guerra, la de las palabras, que es la diplomacia, si cabe más sucia que la guerra de las armas. No será imposible, pero sí muy difícil encontrar algún saharaui -en los campos de refugiados, así como en los territorios ocupados y liberados- que no lamenten la tregua aceptada hace 20 años como una de las decisiones más desafortunadas tomadas por las autoridades de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), por cuanto dio un respiro militar y económico a Marruecos, a la par que le abrió el espacio para hilvanar marrullería tras marrullería, que primero retrasó el referéndum a 1996 y, en última instancia hasta nunca.
8 de noviembre de 2010. El próximo día 8 de noviembre habrá transcurrido un año desde que la policía y las fuerzas militares, aéreas y terrestres, del reino de Marruecos desmantelaron, con la violencia de la que sólo los que carecen de razón y razones, pero a los que sobran palmeros internacionales, pueden hacer uso, el campamento de la Dignidad, levantado como forma de protesta en Gdeim Izik, en las inmediaciones de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, tanto durante la centenaria presencia colonial española como durante los 36 años que ya dura la ocupación marroquí por la fuerza.
El 10 de octubre de 2010 se instalaron las primeras jaimas, y en unos días, más de 20.000 saharauis en más de 4.000 jaimas denunciaban al mundo, bajo el ropaje de unas condiciones sociales, laborales y económicas adversas, la carne viva de las persecuciones, torturas, muertes y desapariciones de las que es víctima todo un pueblo. A falta de una investigación imparcial, posibilidad vetada por Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, prevalecieron las patrañas marroquíes, que culpabilizaron a los saharauis de la barbarie que los saharauis sufrieron.
14 de noviembre de 1975. Esta fecha, la última en la conmemoración es, sin embargo, la primera y fundacional, sin la cual las otras dos se habrían quedado, felizmente, sin motivo para el recuerdo. En esa fecha se refrendó la invasión militar del Sahara Occidental por las hordas marroquíes, disfrazada de bucólica Marcha Verde el 30 de octubre de 1975. Fue el 14 de noviembre de 1975 cuando en Madrid se firmó el acuerdo, por el que España, su gobierno, entregaba a Marruecos y Mauritania el Sahara Occidental, con sus gentes y sus recursos. Unos acuerdos, no sólo injusto e ilegales, que transgredieron la legislación internacional y los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, sino también inexistentes, que nunca fueron objeto de la publicación que los hiciera reales. Unos acuerdos que convirtieron en noticia el rumor de que los fantasmas de papel existen y pueden hacer mucho daño, además de dar algún susto. Ese acuerdo, tenebrosamente fantasmal, generó un éxodo trágico a lo largo del desierto, hasta que la población saharaui superviviente llegó a la hamada argelina; una guerra inacabada; un refugio en tierra extraña, por más que tan dura como acogedora. Y una ocupación de la tierra propia, administrada por el terror.
Tres trances a los que habría que añadir el episodio de la expulsión de su ciudad, El Aaiún, de la activista por los derechos humanos de los saharauis, Aminetu Haidar, seguida de una larga huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, hace casi dos años, o el más reciente del secuestro de tres cooperantes en Rabuni, emplazamiento administrativo de la RASD, en Tinduf. Trances, todos, y más, de los que sale beneficiado el invasor, siempre con el apoyo, al margen del Derecho, de la comunidad internacional, cuando no con su culpable complicidad.
¿Y la justicia? ¿y la legalidad?, ni están ni se espera que se den a valer. Al menos, por las buenas.
