La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró ayer que la relación de esta ciudad con el Instituto Nóos que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, al que se encargó la organización de los congresos deportivo-turisticos de 'Valencia Summit', «se ajustan a la ley». Barberá se refirió a estas polémicas adjudicaciones, después de que la semana pasada fueran interrogados por este asunto su vicealcalde y presidente del patronato de Valencia Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, quien firmó con Nóos la puesta en marcha de estas jornadas.
La alcaldesa explicó que el órgano de gobierno de Valencia Convention Bureau aprobó la celebración de las jornadas del Summit. «Lo aprueban y se hace, que es lo más importante, y se abona lo convenido y hay facturas que prueban que se ha pagado lo que se ha hecho. Y de este tema no hay nada más. Es ajustado a ley y es la única valoración que tengo que hacer», señaló. Barberá hizo hincapié en que en todo momento la actitud del ayuntamiento ha sido de «colaboración con la justicia» y recordó que ya entregaron la documentación sobre sus contratos con el instituto. «Es ajustado a ley celebrar un acontecimiento convenido y aprobado por los órganos de gobierno de la institución», reiteró.
La pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción recabó información e interrogó a más de medio centenar de funcionarios valencianos para aclarar los pormenores de los contratos por valor de 3,4 millones de euros que se cerraron con Urdangarin para la celebración de las tres ediciones del 'Valencia Summit' en 2004, 2005 y 2006. Los sufragaron la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), del Gobierno autónomo, y la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al consistorio. De acuerdo con los datos en poder de Anticorrupción, estas instituciones dieron a 'Nóos' 3,1 millones, pues garantizaron a la fundación que por entonces presidía el duque un 'canon' anual de 1,04 millones (900.000 euros más IVA) por cada uno de los tres años de las reuniones deportivas. Unos eventos idénticos a los que el miembro de la familia real y Torres celebraron en Palma en 2005 y 2006, bajo la denominación Forum Illes Balears con un importe de 2,3 millones de euros y que fueron el origen de la 'operación Babel'.
Precisamente, ayer el grupo parlamentario Compromís registró en las Cortes Valencianas una pregunta dirigida al Consejo valenciano para conocer si el duque hizo valer, para conseguir los convenios de la 'Valencia Summit' o de los Juegos Europeos, su condición de miembro de la Casa Real utilizando el sello o membrete de la misma.
