Ni una de las acusaciones que el Fiscal mantenía contra cuatro personas acusadas de retener a mujeres en el club de alterne 'La Aguada', en Renedo de Piélagos, y en Ponferrada, de obligarlas a ejercer la prostitución y de traerlas engañadas con este fin a Cantabria, las ha dado como válidas la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
En base a esta decisión, los cuatro imputados han quedado en libertad y absueltos, al «no haber constancia de explotación directa» de las chicas. Todo ello a pesar de que la Fiscalía les pedía condenas de entre 27 y 33 años de cárcel, ya que les consideraba autores de detención ilegal, explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal y responsables de lesionar los derechos de los trabajadores.
El Ministerio Público les acusaba de delitos de detención ilegal, explotación y prostitución. Según sus argumentos, la supuesta red captaba a mujeres en Sudamérica y les facilitaba el viaje a España a cambio de dinero. Una cantidad variable que, posteriormente, debían devolver. Además, el fiscal adujo que las mujeres estaban confinadas en los clubes y sometidas a jornadas de trabajo de diez horas diarias.
Testigos protegidos, nulos
No ha tenido cuenta la Audiencia estos argumentos ni la declaración de dos testigos protegidos que hicieron estas acusaciones. El primero de ellos, el de una chica que ejerció la prostitución en uno de los locales y que falleció posteriormente en su país de origen. Esta mujer había asegurado que había sido forzada a prostituirse por los imputados, pero su testimonio quedó neutralizado por el de su hermana que testificó que había sido ella misma la que la había animado a venir a España voluntariamente.
El segundo testigo protegido hizo su declaración, pero la Audiencia considera que incurrió en múltiples contradicciones, remitiéndose, además, a los testimonios de otras chicas que negaron que fueran forzadas a prostituirse.
La sentencia explica que en los clubes, propiedad de los que fueron acusados, «se desarrollaba una actividad hostelera pero donde había mujeres, normalmente extranjeras en situación irregular, que ejercían la prostitución y abonaban 40 euros diarios por el alojamiento y la manutención». Dice que no obtenían beneficio de la actividad sexual de estas chicas, sino de las ganancias por las consumiciones, admitiendo así los argumentos de los acusados.