Sólo tres de las veintiuna plazas de acogida para víctimas de maltrato disponibles en la región están hoy ocupadas. Frente a las acusaciones del PSOE de recortes en la asistencia, la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, habla de mantenimiento de las prestaciones y racionalización de recursos, y reta a la oposición a que presente algún caso de desatención.
Díaz, que ayer volvió a asegurar que todos los centros de atención a víctimas de maltrato permanecen abiertos y con su habitual funcionamiento, insistió en que el gran cambio introducido en el sistema ha sido canalizar a través del Centro de Asistencia Integral -«la puerta de entrada al sistema de protección» para quienes padecen maltrato o abuso, agresión y acoso sexual- la labor de mediación que antes realizaba una serie de asociaciones subvencionadas por el Gobierno.
En cuanto a los centros del área de acogimiento, dijo que existen dos centros de emergencia, dos pisos tutelados -uno de ellos nuevo desde el pasado 1 de enero- y un centro de acogida. Actualmente, hay una plaza ocupada en el piso de emergencia (con seis vacantes), y dos en los pisos tutelados (cinco libres), mientras la casa de acogida permanece vacía, «afortunadamente», por falta de demanda y con sus siete plazas disponibles para quien las necesite.
Contratos a dedo
Por el contrario, la diputada socialista Ana Isabel Méndez tradujo los cambios introducidos por un «recorte final del 60% del personal que atendía a las víctimas» y que, en su opinión, «impide que los centros permanezcan abiertos y funcionen». Respecto al personal de ese remodelado Centro de Asistencia Integral, denunció que se trata de «personas que la consejera ha contratado a dedo y de forma irregular» y que carecen del «perfil» que requiere ese tipo de víctima.
Leticia Díaz mostró su sorpresa ante esa dura evaluación de los profesionales del centro, algunos de los cuales han sido incluso 'repescados' de las propias asociaciones que antes se encargaban de prestar esta atención. De los siete trabajadores, tres atienden los casos de maltrato (una psicóloga, una trabajadora social y una abogada), y cuatro los relacionados con la violencia sexual (una psicóloga, una trabajadora social, una licenciada en Derecho y un administrativo).
La consejera puso como ejemplo de la nueva filosofía de funcionamiento lo sucedido con la casa de acogida. «No es que haya cerrado, es que no tiene usuarios. Pero no los ha tenido ni en diciembre ni en meses anteriores, cuando gobernaba el anterior Ejecutivo. Ahora no se tienen seis personas como antes aunque estuviese vacía: un auxiliar de integración social basta para mantenerlo todo a punto».
