El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Torrelavega ha archivado la denuncia que presentó la Fiscalía contra dos dirigentes de la Asociación de Vecinos de La Inmobiliaria por haber mostrado una pancarta contra el alcalde, Ildefonso Calderón, durante la inauguración del servicio municipal de autobuses. El juez dice que los hechos estaban «cubiertos» por el derecho constitucional a la libertad de expresión, no siendo por ello constitutivos de «infracción criminal».
El Fiscal denunció a José Tomás Rivero y Juan Carlos Gutiérrez Torre por una presunta falta contra el orden público, después de que exhibiesen el pasado 9 de octubre, junto a otros seis vecinos, la siguiente pancarta en el Mercado Nacional de Ganados: 'Alcalde embustero, engañas a un barrio entero. Ni inversión, ni estación'. Los dirigentes vecinales criticaron el rechazo de Calderón al proyecto de construcción de la nueva estación de autobuses en el barrio.
El juez señala que la colocación de la pancarta, «obviamente» relacionada con un discurso reivindicativo y firmada por una conocida asociación vecinal constituida para la mejora de los servicios municipales del barrio, elimina toda antijuricidad a la expresión «embustero». Añade que es «obvio» que el mensaje que se pretende transmitir se sobrepone al contenido supuestamente injurioso de la citada expresión, que «no resulta superflua, pues para la Asociación el incumplimiento denunciado equivale a mentir o propalar embustes».
Tolerar las críticas
También destaca que los «personajes públicos» deben soportar el que sus palabras y hechos se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que «no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tengan una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos».
«El personaje público -añade el auto- deberá tolerar, en consecuencia, las críticas dirigidas a su labor como tal, incluso cuando éstas puedan ser especialmente molestas o hirientes, sin que pueda esgrimir frente a esa información u opinión género alguno de inmunidad o privilegio, y frente a las que tiene más posibilidades de defenderse públicamente de las que dispondría un simple particular».
Los partidos de la oposición y las asociaciones de vecinos mostraron su desacuerdo con la denuncia.
