Nuevas reglas para combatir el maltrato

Habitualmente, el punto de partida es una vida de pareja aparentemente normal, una relación sana en la que, de vez en cuando, se dan momentos de tensión. Pueden ser pequeños desprecios, alguna descalificación... es la entrada a lo que los profesionales denominan 'ciclo del maltrato'. La carga de tensión se acumula, hasta que explota. En ese punto comienzan los incidentes, una pérdida de control que termina en un empujón o una bofetada. La pareja es consciente de que se ha cruzado otra línea, y no es extraño que se reaccione buscando la reconciliación, una nueva luna de miel para olvidar lo ocurrido. Él promete que va a cambiar, que no se va a repetir, y ella se lo cree. Pasará el tiempo y volverá a suceder, y probablemente ella perdonará de nuevo... y a la siguiente, y a la otra. Los episodios violentos se intensifican y son cada vez más frecuentes, hasta convertirse en rutinarios: él se acostumbra a dar; ella, a recibir. Vivir en el infierno es ya algo normal.

Se trata éste de un tipo de violencia que, desgraciadamente, nunca pierde actualidad, casi siempre por el continuo goteo de crímenes en pareja o, como en este momento, cuando se transforma -también desgraciadamente- en tema de confrontación política. Así, los recientes cambios en el funcionamiento de la atención a las víctimas de maltrato en la región pueden constituir al mismo tiempo una simple reorganización y optimización de recursos, para los responsables del Gobierno, o un profundo recorte en el servicio dedicado a la asistencia a las mujeres que precisan ayuda, según la oposición. La discusión afecta incluso a la definición del mal, que puede ser violencia de género, machista, en el ámbito familiar, de pareja, doméstica... un debate que al observador puede recordarle el de galgos y podencos.

Javier Amores Osuna, el juez encargado de los casos de violencia sobre la mujer en Cantabria, presumiblemente con una visión imparcial del asunto, asegura no tener constancia de que esta reorganización «esté afectando al trato, la cobertura de seguridad o la asistencia económica a las víctimas».

Una cuestión política

«Lo que sé es que existe una serie de viviendas de acogida para mujeres de las que disponía la Consejería por si era necesario su uso, y que algunas de ellas han estado vacías. El que hayan intentado optimizar los recursos es una cuestión política, pero no de las víctimas, que no han sido desalojadas de los pisos. Según entiendo, si alguna mujer necesitase una ayuda de este tipo, se le daría. Es diferente tenerla cerrada que el que se pueda utilizar si se necesita».

En realidad, la estancia de mujeres en estos pisos es el modo en que se resuelve un porcentaje mínimo de los casos. La explicación, según Isabel Gómez Barreda, directora general de la Mujer, es sencilla. «La sociedad va avanzando, y ahora es el maltratador el que abandona el domicilio. En estas situaciones también suele responder el entorno familiar para acoger a las víctimas. Creo que a nadie le gusta vivir en una casa que no es la suya, y además con horarios y normas, obligados a convivir con otras personas... En ocasiones es un paso necesario para salir del domicilio antes de incorporarse a la vida normal. Siempre llega el momento en que cada una se encuentra con fuerzas para salir y se marcha».

Quien no conozca el funcionamiento de estos pisos puede establecer cierto paralelismo entre la vida de sus inquilinos y el de esos testigos protegidos de las películas que mudan de domicilio e identidad para evitar ser reconocidos. Nada de eso. «Lo que pretendemos es que la persona pierda el miedo a una vida normal, a entrar y salir, a estar con sus hijos... no supone estar a escondidas. Sí que hay una discreción, porque es imprescindible que nadie sepa dónde está la víctima, pero los hijos siguen yendo al colegio, y si alguna vez se les cambia es más por cuestión de operatividad, para estar más cerca del nuevo domicilio», explica Soledad Castillo, psicóloga para los casos de maltrato en el Centro de Asistencia Integral.

Las viviendas de acogida, como el resto de servicios a las víctimas, tienen una función eminentemente asistencial, y su objetivo, en todos los casos, es que la persona vuelva a tomar las riendas de su existencia; de la seguridad y la protección se encargan las Policías Nacional y Municipal y la Guardia Civil -con medidas solicitadas desde el juzgado-, siempre en contacto y coordinación con el servicio de atención a las mujeres.

Un criterio preestablecido indica el nivel de riesgo, que va del 'no apreciable' al 'extremo', como explica un responsable de comunicación del Cuerpo Nacional de Policía. El juez determina la protección necesaria, desde un contacto telefónico esporádico con el agente que tiene asignada a la víctima, a la vigilancia permanente del domicilio o incluso al servicio de escolta en los casos más graves.

Cada vez que hay una víctima mortal se escuchan los mismos reproches. ¿Se podía haber hecho algo? El juez Amores Osuna opina que el actual sistema de protección «es el más apropiado y el único posible para no llegar a limitar los derechos de las personas. Imponer otras medidas supondría aplicar un Derecho Penal de 'por si acaso'».

El gran paso

¿En qué momento una mujer habituada a la violencia decide pedir ayuda? «Al Centro (de Asistencia Integral) llegan desde las que han decidido poner fin a la relación, por tener esa capacidad, hasta las que vienen tanteando el tema, en busca de asesoramiento. Hay quien viene aunque crea que no ha pasado nada, pero siente que no está bien y que esos problemas tienen que ver con la relación con su pareja. Son mujeres anuladas, muy dependientes, metidas en una historia que no pueden manejar. A veces, cuando tienen menores a su cargo, toman la decisión cuando ven que pueden correr riesgo o que existe la posibilidad de que repitan esos modelos de conducta que ven en casa». Quien lo explica es Laura Company, trabajadora social del Centro. Ella será la responsable, junto a la psicóloga, de ese proceso de reconstrucción de la persona, a la que habrá que dotar de autonomía. «Los recursos sociales no tienen que dirigir tu vida: la premisa es que cada cual sea dueño de la suya. Si la violencia hace perder esa capacidad de discernir, se trabaja para que se vuelva a tener», sentencia Gómez Barreda.

La pata que le falta al banco es la de la asistencia jurídica. La mujer debe saber las consecuencias del paso que vaya a dar. «Hay una gran falta de información en ese aspecto y se necesita mucho apoyo. Hay que saber qué va a pasar con los hijos, el domicilio, la hipoteca,... qué va a ser de su vida. Aquí siempre se aconseja que se denuncie, pero no se presiona, ni siquiera para que se separen. Hay quien decide aguantar, y entonces se trabaja para que la mujer comprenda los efectos de esa permanencia en una misma y en los hijos», razona la responsable regional de la Mujer.

Cuando una víctima llega al Centro, lo primero que se hace es preguntarle el motivo, para determinar si sufren maltrato, violencia sexual o, a menudo, ambas cosas. La trabajadora social recoge los datos para decidir en cuál de las dos áreas encuadra el caso. Si hay que presentar denuncia, la abogada asesorará a la mujer; después, se le da cita con la psicóloga, para recibir una terapia que, por término medio, suele durar un año. Para contactar con el Centro de Asistencia Integral está el teléfono 942 214 141 y el 016, de atención centralizada y operativo en todo momento, como el propio Centro. Los profesionales que trabajan en este ámbito, como los policías o el personal sanitario, también pueden comunicarse con el Centro ante cualquier emergencia.

Los servicios de atención a víctimas del maltrato en la región se ocuparon el año pasado de cerca de 700 casos, algunos menos que en 2010. De cualquier modo, demasiados.