La exsecretaria del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera avaló ayer la tesis del alcalde Julián Vélez de que no era necesario pedir informe perceptivo a la Consejería de Ganadería para la construcción de las 18 viviendas de La Argolla por tratarse de suelo urbano consolidado.
En la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el alcalde y los tres exconcejales de San Vicente que formaban la junta de gobierno local que concedió la licencia de construcción de La Argolla, tanto los técnicos municipales como quienes en aquel momento ocupaban las alcaldías de Val de San Vicente, Valdáliga y Comillas, municipios que se encuentran dentro del ámbito del Parque Natural del Oyambre, declararon que la actuación de San Vicente era una práctica habitual en los casos de suelo urbano.
En la sesión de ayer declararon, en calidad de testigos, los alcaldes de Comillas, Valdáliga y Val de San Vicente, María Teresa Noceda (PRC), Calixto García (PP) y Miguel Ángel González Vega (PSOE), respectivamente. En su declaración, la alcaldesa de Comillas, la secretaria y el arquitecto municipales indicaron que incluso recibieron un escrito de la propia Consejería de Ganadería en el que se les informaba que no era necesario ese tipo de informe para suelos urbanos. Sin embargo, con posterioridad, no se les notificó desde el Gobierno regional que este criterio se modificaba con la entrada en vigor de la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (4/2006).
Calixto García, que en 2006, año al que se remontan los hechos, era alcalde de Valdáliga, ratificó lo dicho por la alcaldesa de Comillas e indicó que «desde la Consejería no se ha anulado ninguna licencia concedida en ese ayuntamiento por carecer de este informe». Por su parte, Miguel Ángel González Vega, quien desde 1986 está al frente del Ayuntamiento de Val de San Vicente, explicó que en ningún momento «nos cuestionamos si obrábamos mal por no pedir permiso» y que desde la Consejería «no se ha abierto ningún expediente por no haber pedido el informe».
La Fiscalía solicita para cada uno de los imputados (Julián Vélez, Serafín Bada, Saturnino Chaves y Luis Martín) dos años y medio de cárcel y once de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio y subsidiariamente nueve de inhabilitación por prevaricación.
Además de los alcaldes, en la segunda jornada del juicio prestaron declaración los técnicos municipales. La primera en prestar declaración fue Mónica Laborda, secretaria municipal de San Vicente entre septiembre de 2005 y julio de 2008. «Era una obviedad que era suelo urbano», señaló Laborda quien, a preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, señaló que en el caso de San Vicente «los suelos urbanos eran indiscutibles». La funcionaria declaró que aunque hubo debate entre los grupos municipales en el Pleno en el que se aprobó el informe de detalle, «la licencia se dio tranquilamente». Recordó que en el Ayuntamiento se produjo una «sorpresa absoluta» al tener conocimiento de que el Gobierno había abierto expediente sancionador y una investigación judicial.
