El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, participó ayer en la reunión del grupo de trabajo constituido entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los municipios españoles con el fin de avanzar en los acuerdos alcanzados la semana pasada en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). A la salida, el alcalde señaló que el Gobierno de Mariano Rajoy «está cumpliendo a rajatabla» la exigencia en el cumplimiento a los municipios de los objetivos de déficit y de estabilidad presupuestaria y también su compromiso de abrir un diálogo fluido con las entidades locales.
El objetivo que persigue este grupo de trabajo, formado por seis representantes del Ministerio y otros seis de las administraciones locales, es concretar determinados puntos que ya se trataron en la reunión de la CNAL y que son fundamentales para conseguir una inyección de liquidez con la que poder hacer frente, fundamentalmente, al pago de proveedores.
Estas cuestiones son las relativas al adelanto del 50% de la liquidación de 2010, el pago de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 en 10 años -en lugar de los 5 años previstos anteriormente-, y la apertura de una nueva línea de créditos ICO.
Medidas reclamadas
El alcalde de Santander valoró que el Gobierno central esté adoptando medidas que los ayuntamientos venían reclamando desde hace tiempo, mejorando así la liquidez de las administraciones locales, y que, además, esté dando facilidades para poder cumplir con lo que les va a exigir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Entre las cuestiones que se analizaron en la reunión de ayer se encuentra la negociación respecto a las condiciones para que los municipios puedan acceder al adelanto del 50% de la liquidación de 2010.
El Ministerio planteó la posibilidad de exigir haber entregado la liquidación de 2011 para poder acceder al cobro, mientras que los ayuntamientos han pedido que sea la de 2010 porque, para muchos municipios, sería muy difícil tener cerrada la liquidación de 2011 en los plazos que se manejan.
Respecto al crédito ICO, De la Serna informó de que se ha establecido un debate para intentar flexibilizar las condiciones y los ayuntamientos han tratado de abrir dos líneas actuación: en primer lugar, mejorar las condiciones financieras en las que se otorga (con la posibilidad de establecer un período de carencia de 2 ó 3 años, durante el cual no tendrían que devolver ninguna cuantía); y, en segundo lugar, que la devolución, en lugar de en 3 años, se pueda hacer en un plazo más largo.
