Foto: Andrés Fernández
Cantabria cumplía ayer 30 años de un Estatuto de Autonomía que la segregó de Castilla y le otorgó administración propia, convirtiéndola en región. El Parlamento celebró las tres décadas de ese régimen jurídico, que ha afianzado identidad en lo popular y competencias en lo gubernamental, ambas en continuo desarrollo. Hasta el punto de que hace sólo cuatro años, aquí y en todo el país se mantenía un encendido debate sobre la asunción de nuevas atribuciones por parte de las regiones, al albur del Estatut de Cataluña, del ánimo federalista de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, de la bonanza económica. Hoy, el escenario es otro. Más negro. «No es ahora preocupación prioritaria entre la ciudadanía la ampliación de techos competenciales», proclamó José Antonio Cagigas durante su discurso en un día tan solemne. No es el momento de revisar el Estatuto.
El presidente del Parlamento cántabro presidió un acto dedicado este año a la mujer rural, con representación de las 83 asociaciones que de dicho colectivo funcionan actualmente. Hubo música y danzas populares, un vídeo de realizado por el Centro Territorial de RTVE sobre la mujer en el campo, y un discurso de la presidenta de Afammer (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural), Cristina Martínez. Amén de decenas de personas de todos los estamentos sociales de la región. No hubo, sin embargo, entrega de Medalla de Oro, como la recibida los últimos años por Emilio Botín, la Universidad de Cantabria o Severiano Ballesteros.
Cagigas dedicó más tiempo de su intervención a lo próximo que a lo pasado. Aplaudió «el autogobierno» conseguido durante «30 años de progreso en derechos y libertades, de ruptura de secular aislamiento de nuestra región, y de progresivo avance en los niveles de riqueza y bienestar». «Tras las competencias iniciales, se fueron asumiendo otras nuevas y muy importantes, como las educativas y las sanitarias», recordó.
Pero el peso reventó el saco y, con una recesión en ciernes, todos los gobiernos autonómicos las pasan canutas ahora para pagar su sanidad, sus colegios y sus funcionarios a la vez que cumplen unos férreos límites de deuda y déficit públicos. «El proceso autonómico ha sido y es positivo», dijo Cagigas. «Lo que resulta imprescindible es un adecuado soporte económico que permita gestionar con garantías las competencias asumidas, y un régimen de financiación equitativo que no otorgue tratos de favor a algunas comunidades en perjuicio de otras», añadió.
Hay que pagar lo que hay, y si acaso, adelgazarlo. El Gobierno de Mariano Rajoy reducirá todas las administraciones, empezando por el número de diputados y concejales, y continuando por el de empresas públicas. Acortar el sector público por todos sus estratos, para así atender las exigencias de una administración mayor: la europea.
Cagigas no retrocedió en el tiempo, no destacó ningún episodio relevante en la joven historia de la autonomía cántabra, ni de los positivos, caso de la creación del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ni de los infaustos, como la crisis institucional en que degeneró la gobernanza de Juan Hormaechea. Al contrario. El presidente proyectó su discurso hacia adelante: «La celebración del trigésimo aniversario del Estatuto coincide con un delicado momento en el que la situación de Europa ocupa el centro del debate político, más allá de nuestro marco territorial», introdujo. La UE busca «un sólido gobierno económico» que preserve la moneda única de la crisis, y eso implica concesiones. «Es cierto que tendremos menos soberanía, pero también lo es que la soberanía se defiende mejor aliados que solos».
A partir de ahí, Cagigas bajó su intervención a la agenda política. Urgió la reforma laboral para aumentar «la competitividad» de las empresas españolas y cántabras. Pidió también un «Pacto por la Ciencia» que las modernice. Y remató su programa con la «eficiencia» (o «conseguir máximos resultados con mínimos costes»), como tercera pata del banco sobre el que sostener, si no otros 30 años de progreso, al menos los inmediatos.
