Emulando a Lavoisier podríamos decir que cualquier reforma laboral, por sí misma, ni crea ni destruye empleo, solo lo transforma en términos de calidad. Siendo sensata puede dotar al mercado de trabajo de unas características que lo hagan más amable y receptivo a la generación de oportunidades laborales.
Es un caldo de cultivo económico, que genere oportunidades laborales, lo que hace falta en España. Para combatir la recesión no solo hay que obsesionarse con el déficit y la deuda con políticas que han demostrado su fracaso, sino que, además, hay que trabajar en el incremento de los recursos económicos y en facilitar el crédito muy especialmente a familias, 'pymes' y autónomos.
Primer punto de actuación: combatir el déficit persiguiendo el fraude fiscal y la economía sumergida, y hacer una reforma fiscal justa para que todo el mundo pague, y lo haga por los ingresos reales percibidos.
Segunda consideración: la reforma laboral que vea la luz debe evitar los errores del pasado de poner el foco en el despido y en cuántos días de indemnización tendrán los nuevos contratos. Por el contrario, hay que simplificar el modelo de contratación, proponiendo un contrato indefinido inicial, dejando la contratación temporal a los supuestos con una causa justificada. También es necesario un nuevo contrato de inserción profesional para el primer empleo, potenciar el contrato de relevo y suprimir bonificaciones a las diversas modalidades de contratación -sustituirlas por ayudas a la creación de empleo neto-. La USO propone diferenciar las cotizaciones sociales entre contratos temporales e indefinidos, penalizando las primeras y bonificando las segundas.
Para dinamizar el mercado laboral, hay que introducir mecanismos para el ajuste de plantillas y jornadas laborales en las 'pymes' sin recurrir al despido, como reducciones de jornada o el desempleo parcial.
En cuanto a la negociación colectiva, la capacidad de negociación en las empresas debe recaer sobre los representantes elegidos democráticamente por los trabajadores. Además, hay que reconocer la complementariedad de los ámbitos de negociación: que los convenios de ámbito superior puedan contemplar criterios generales mínimos que eviten la competencia desleal entre empresas y proteja al conjunto de los trabajadores, a la vez que permita la libertad negociadora en los ámbitos inferiores y la adaptación a las necesidades y posibilidades de cada empresa.
Por último, proponemos que la formación para el empleo sea gestionada prioritariamente por los servicios públicos en el marco de las políticas activas de empleo.
