Foto: Daniel Pedriza
Unanimidad. El Parlamento de Cantabria aprobó ayer
la defensa del empleo en Teka y advirtió a la multinacional alemana de que no permitirá que el expediente de regulación de empleo que afecta casi a la mitad de la plantilla -198 de 400 trabajadores- sirva de «coartada» para la deslocalización de la actividad hacia otros países. Populares, regionalistas y socialistas coincidieron en cuestionar las técnicas utilizadas por la empresa para imputar a la factoría de Cajo pérdidas económicas de todo el grupo o incluir en el expediente a una docena de trabajadores de otros centros de la multinacional para presentarlo en Madrid.
La proposición no de ley aprobada ayer por el Parlamento incluye el apoyo total a los trabajadores y a sus familias y se insta al Gobierno de Cantabria a que realice todas las gestiones que estén a su alcance para mantener la actividad y el empleo en la santanderina fábrica de Teka. La unanimidad en la votación, sin embargo, no lo fue en el debate previo.
Socialistas y regionalistas criticaron al Gobierno de Cantabria a quien le dijeron que «es momento de hechos más que de palabras». En estos términos se manifestó Rosa Eva Díaz Tezanos, portavoz del Grupo Socialista, quien añadió que el Gobierno «tiene que combatir de frente el problema, en lugar de esquivarlo». Y para el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, «hay que implicarse y actuar y la responsabilidad es del Gobierno central y regional».
Y en su defensa, Eduardo Van den Eynde, portavoz de los populares, indicó que no es momento de «intentar sacar rédito partidista con demagogia» porque se puede «obstacularizar» el proceso de negociación entre empresa y trabajadores.
En lo que sí coincidieron los tres grupos políticos fue en la importancia de esta fábrica como «pieza fundamental del tejido empresarial de Cantabria» y el «impacto emocional» que tendrá el ERE en el que ven, además, un «símbolo» de lo que puede venir en el futuro. Van den Eynde insistió en que «hay 200 razones que nos obligan a la unidad y los planes de la multinacional pueden comprometer también a un importante número de empresas auxiliares». «La crisis, añadió, ha ocasionado cierres, despidos y ERES, pero no puede servir de coartada para deslocalizar empresas».
Dudas
En este punto avanzó que las negociaciones se encuentran en un momento «delicado» y apeló a la prudencia y la discreción. Y explicó que las autoridades locales de Cantabria y Madrid analizan «con detenimiento» el expediente «para evitar que encubra decisiones injustificadas». Expresó que el documento transmite «dudas» y apuntó que no se puede perder tampoco de vista que la capacidad de las administraciones «es la que es». Van den Eynde dejó claro que se trata de una decisión empresarial aunque, desde su punto de vista, «deja pocas dudas sobre los motivos reales» de la empresa.
En esto coincidieron todos los grupos parlamentarios, que cuestionaron los argumentos de la multinacional alemana para justificar el ERE e insistieron en que la crisis económica no puede ser «excusa ni coartada» para una deslocalización de la empresa sin razones documentadas» y, en palabras de la portavoz del PSOE, «a las bravas». Por eso, Díaz Tezanos reclamó un «no rotundo» a la «imposición» del ERE sin negociación, al «desprecio» de la empresa al diálogo y a la «triquiñuela» de incluir una docena de trabajadores de otras plantas para presentarlo en el Ministerio de Trabajo y no ante las autoridades laborales cántabras. «Que nadie se ponga de canto, y menos que nadie el Gobierno», afirmó Díaz Tezanos, para quien «no es el momento de esquivar el problema, sino de hacerle frente y enfrentarse al problema con firmeza». La socialista pidió al PP que defienda «con uñas y dientes» el futuro de la empresa.
Rafael de la Sierra respaldó la postura de los trabajadores -«la más correcta y eficaz»-, aunque precisó que la «capacidad ejecutiva» la tiene el Gobierno, «apoyado sin fisuras» por todos los grupos parlamentarios, por lo que goza de una «especial legitimidad». Urgió a actuar «de forma decidida, constante y eficaz», lo que no se corresponde con «cubrir el expediente aparentando actividad». Y reclamó que «quien decide sobre el ERE» aplique la decisión «con rigor» y no lo acepte en base a motivos que no sean correctos y que no acrediten sus razones. «Que la empresa sepa que no se va a aprobar un ERE fraudulento ni con dudas razonables», manifestó.
De la Sierra y Díaz Tezanos, cuyas intervenciones fueron acogidas con aplausos por los trabajadores de Teka asistentes a la sesión plenaria, reclamaron más implicación a los gobiernos central y regional. A su juicio, no vale que el Ejecutivo diga que su capacidad de actuación es «limitada», máxime cuando el propio Diego, en el año 2009, cuando Bridgestone presentó un ERE para la planta de Puente San Miguel, exigía desde la oposición la implicación de los gobiernos central y regional. Tezanos recordó que hoy esta empresa es la única del grupo en España que no tiene un ERE sobre la mesa y ha anunciado una inversión de 5 millones de euros.
