La sospecha de que el Gobierno de Cantabria está reponiendo los puestos de las empresas públicas que por razones de «estructuración empresarial» dejó vacantes poco después de coger las riendas, lleva semanas carcomiendo a la oposición. Ayer, quien fuera consejero de Cultura y responsable de las empresas por las que el Ejecutivo de Diego ha comenzado a recortar, dio un paso al frente y se dirigió al Gobierno para que explique qué es lo que está pasando. Javier López Marcano quiere saber a quién ha contratado el Gobierno desde el 1 de julio; la fecha de contratación y sus nombres y apellidos, porque, dice, entre esas incorporaciones estaría la hija del senador del PP José Luis Vallines. Además, quiere que el Gobierno les explique quiénes de los nuevos trabajadores del Gobierno proceden de la empresa Apia XXI.
Empeñado en rebatir las acusaciones de nepotismo que durante la últimas legislatura salieron de boca de los populares, López Marcano contraataca exigiendo al Gobierno explicaciones.
Según dijo ayer, las preguntas del parlamentario regionalista responden a su «más que fundada sospecha» de que los despidos realizados por el Ejecutivo que preside Ignacio Diego «no tienen otro fin que desprenderse trabajadores vinculados a otras opciones políticas para sustituirlos por enchufados del Partido Popular».
Esta sospecha se ha visto «reafirmada», dice, tras constatar el PRC «que el senador del PP José Luis Vallines ha colocado a su hija al frente del departamento de Comunicación de la Sociedad Regional de Turismo», un hecho «llamativo y revelador de la forma de ser, el modo de actuar y las motivaciones auténticas del Gobierno de Cantabria», dice Marcano .
También ha cuestionado la incorporación a diversas sociedades y organismos públicos de «un número significativo» de extrabajadores de la empresa Apia XXI, actualmente en dificultades y con una sede en el Parque Científico y Tecnológico que el Ejecutivo cántabro baraja adquirir sin que se sepa muy bien por qué o para qué, en opinión del líder regionalista, y con una inversión «millonaria».
Cantur y SRT
Primero fueron seis altos cargos de Cantur, luego cinco de la Sociedad Regional de Turismo y, aunque sin confirmar, se citan tres bajas más en la biblioteca pública.
De los seis despedidos de Cantur, cuatro recurrieron el despido. Dos llegaron a un acuerdo antes de que se viera el juicio, después de que el Gobierno les ofreciera 33 días por año trabajado, y los otros dos, Bernardo Colsa y Ana Abarca, se verán el viernes ante el juez para defender su idea de que su despido ha sido improcedente.
En el PRC se cree que la oferta de 33 días por año de trabajo como indemnización es, «en sí misma», el reconocimiento de un despido improcedente. También afirman que en los últimos días se han incorporado a la plantilla de las empresas públicas un abogado y un antiguo responsable del departamento de viajes de El Corte Inglés, que ha pasado a ser la 'mano derecha' de Francisco Agudo, director general de la Sociedad Regional de Turismo.
Esta no es la primera vez que López Marcano registra una pregunta en sentido similar. La pasada semana elevó a través de su Grupo Parlamentario otra pregunta dirigida al Gobierno sobre cuántos contratos ha rescindido y el coste de indemnizaciones. Y es que la fusión de empresas públicas para adelgazar el sector público que está acometiendo Ignacio Diego ha fijado sus ojos de forma prioritaria en aquellos departamentos de los que, hasta hace menos de un año, López Marcano era máximo responsable.
«En tiempo y forma»
El Gobierno aseguró ayer que contestará «en tiempo y forma» a las preguntas del exconsejero. Eduardo Arasti explicó que una vez llegue la pregunta de López Marcano a su debate en el Cámara, tendrá la respuesta del Gobierno como ocurre con cada una de las preguntas que se tramitan vía parlamentaria. Afirmó que ese es el ámbito en el que deberá obtener respuesta y remitió a ese momento cualquier aclaración al respecto.
