El equipo de gobierno de Castro (PP, PRC y Anexión a Vizcaya) sacó adelante en pleno de ayer la aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre la concesión y uso de la tarjeta de estacionamiento y aparcamiento para personas con movilidad reducida, a pesar de que el PSOE y CastroVerde se abstuvieron «porque el texto está incompleto».
La edil de Asuntos Sociales, Guadalupe Liendo (PP), dijo que esta ordenanza es «imprescindible» y «necesaria» para acabar con el uso fraudulento de estas tarjetas. Las sanciones previstas por el Ayuntamiento podrían ascender a los 1.500 euros y la cancelación definitiva de la tarjeta si un vecino comete tres faltas graves o copia la acreditación.
Ayer también se constituyó la Comisión Informativa de Sanidad, que presidirá el edil de Anexión a Vizcaya, César Barco y se designó a los concejales Javier Muñoz (PP) y Javier Virto (PRC), como representantes de la comisión de control del plan de pensiones.
