El Gobierno regional no gana para disgustos. Mientras aprueba fusiones de empresas públicas para reducir gastos, baraja implantar el 'céntimo sanitario' o solicita un adelanto de la financiación autonómica pendiente de 2010, el barco le sigue abriendo fugas sin conceder un descanso. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander acaba de ordenar el ingreso de 2,4 millones de euros que le debía el Servicio Cántabro de Salud (SCS) al laboratorio farmacéutico Roche Farma por facturas de 2011. La multinacional llevó al SCS a los tribunales el año pasado. De mano, y a falta de que se resuelva el pleito, el juez ha aprobado un auto que impone como media cautelar la consignación del principal de la deuda. El auto, fechado el 9 de enero, no ha sido recurrido por el Ejecutivo de Ignacio Diego, lo que ha supuesto el ingreso efectivo de los 2,4 millones. La farmacéutica ya los ha recibido «provisionalmente», según informó ayer Europa Press.
La cantidad pertenece a la abultada deuda sanitaria que arrastra la Administración regional. Al cierre de 2011, y según las cifras que maneja la Consejería de María José Saenz de Buruaga, el SCS acumulaba facturas por 260 millones de euros de los proveedores de centros sanitarios, una pila de millones amontonada y sin partida que respalde su pago, es decir, sin consignar en los presupuestos. En las cuentas oficiales para 2012 sólo aparece el abono de los intereses: 5,8 millones. Además, la Consejería ha presupuestado para este ejercicio otros 142 millones correspondientes a recetas farmacéuticas. En total, 406 millones, en una Consejería que dispone de 955 este año.
A septiembre del año pasado se habían presentado 171 reclamaciones por impago al SCS, por un importe de 143 millones de la deuda principal y otros 20 de intereses de mora.
La estrategia
La victoria judicial de Roche Farma es tan relevante por el importe como por la estrategia que brinda a los demás afectados del sector. Su demanda ha aprovechado la Ley de Morosidad, aprobada en 2010 con una aplicación progresiva hasta 2013. Esa norma obliga a las administraciones a atender a sus proveedores en un plazo máximo, que el año pasado era de 50 días (cada ejercicio se acorta, para llegar a 2013 con un mes de tope). Si hay demora, la contratista puede reclamar. Y si pasados 30 días no ha recibido respuesta, puede tramitar un contencioso-administrativo y reclamar el abono del principal de la deuda, sin intereses, como medida cautelar, antes siquiera de resolverse el litigio. Así lo hizo Roche. El Gobierno no justificó circunstancias especiales para eludir el abono. Y pagó.
De esta forma, el laboratorio obtuvo su dinero en menos de 250 días, frente a los 800 que acumula el SCS en sus impagos, lo que le convierte en uno de los mas 'informales' del país. «La nueva Ley de Morosidad ayuda a la hora de acortar los plazos de reclamación», confirmó ayer la compañía. «Roche lleva meses negociando con distintas autoridades regionales para buscar soluciones a la deuda que resulten viables para todas las partes. Al retrasar los pagos las comunidades autónomas, se generan problemas de tesorería que nos obligan a buscar diferentes alternativas».
