Tres meses llevan ya los diputados regionales dilucidando si el anterior Gobierno actuó de forma irresponsable o ilegal en las ayudas concedidas a la fábrica de fibroyeso de la multinacional GFB: 63 millones de euros de «dinero público tirado a la papelera», según los cálculos y la opinión del PP, cuya mayoría absoluta ha propiciado la segunda comisión de investigación en la historia del Parlamento de Cantabria. La anterior tuvo al expresidente Juan Hormaechea por protagonista. Y ésta, de trasfondo, enfoca a otro expresidente: a Miguel Ángel Revilla, según remarcó ayer en su comparecencia José Joaquín Martínez Sieso, quien, para cerrar el círculo, también es exjefe del Gobierno cántabro.
Sieso gobernaba cuando el grupo costarricense Pujol-Martí propuso el negocio. Entonces se llamaba Suyesa e iba a implantarse en el polígono industrial de Reinosa, donde el ayuntamiento llegó a recalificar las parcelas elegidas para mejorar los viales. Era 2002 y gobernaba el PP. Después la empresa acabó llamándose GFB (Gypsum Fiber Board), instalándose en suelo industrial de Orejo y contando con el respaldo del bipartito de socialistas y regionalistas, en el poder desde 2003. No hay más paralelismos entre les dos operaciones, según defendió ayer Sieso, quien utilizó hasta palabras del enemigo para considerarse ajeno a la polémica: «El mismo Revilla dijo en esta Cámara: 'Cuando yo llegué al Gobierno no había nada y ahora hay una empresa'. Lo asumió públicamente en el Parlamento y me exoneró a mí, porque no habíamos hecho nada».
A esa diferencia volvió una y otra vez el ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, mientras el diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos intentaba pillarle en un renuncio. Pero Sieso insistió en que el de Suyesa era «otro proyecto» inversor, con otro tipo de apoyo institucional perfilado. Como presidente, comprometió «todas las ayudas posibles, el tope de las que permitía la Unión Europea en Cantabria». Traducido en número, garantizó la aportación pública de 15 millones, pero condicionó su entrega a ver gastados los 55 millones de inversión privada y a que se crearan los 240 puestos de trabajo prometidos. «Nosotros nunca nos planteamos participar en el capital social para sentarnos en el consejo de administración», remató.
