Foto: Andrés Fernández
La crisis institucional de la CEOE volvió ayer a pisar los juzgados. En un lado de la bancada, el demandante, el exsecretario Yves Díaz de Villegas, quien exigió la nulidad de su despido que la junta directiva de la patronal decidió el pasado 26 de septiembre. Un cese que llegó nueve meses después de que denunciara supuestas irregularidades en la gestión de la patronal.
Al otro lado, Gema Díaz, presidenta de la CEOE desde hace hace un mes. La Confederación defendió que el despido se debió a la «pérdida de confianza» tras las «denuncias falsas» presentadas por el exsecretario. Y como trasfondo, una trama más propia del cine negro, con complots y presuntas coacciones que ayer salieron a la luz en la sala del tribunal y que el año pasado deterioraron gravemente la imagen de la CEOE. Será dentro de dos semanas, más o menos, cuando el juez dicte sentencia. La que sí dejó claro ayer su valoración fue la Fiscalía: la decisión de despedir al exsecretario general de CEOE fue una «represalia» como consecuencia de haber puesto en conocimiento del expresidente, Miguel Mirones, ciertas irregularidades. Una represalia que «puede vulnerar la Constitución».
El contrato de Díaz de Villegas monopolizó gran parte de las dos horas que duró la vista. Ambas partes coincidieron en que cuando fue contratado, en julio de 2007, el documento que se firmó por ambas partes fue uno del tipo laboral convencional. Sin embargo, desde la patronal defendieron que era de alta dirección porque, de acuerdo con sus estatutos, del secretario general dependen «todos los acuerdos» de la dirección y es el que los ejecuta. Además, era el único alto directivo que pertenecía a la Asamblea General, al Comité Ejecutivo, a la Junta y a la Comisión, y tenía «poderes especiales» para contratar y firmar operaciones bancarias. Unas competencias que el demandante niega, ya que para ejecutarlas debía consultarlas primero con el presidente o con los órganos de gobierno de la CEOE. De si era alta dirección o un contratado indefinido normal depende la validez del despido por «pérdida de confianza».
Los votos
La defensa denunció que algunos votos de la junta directiva que llevaron al cese de su cliente fueron «irregulares». De los 60 votos a favor, «al menos cinco» se otorgaron por delegación en contra del acuerdo de despido de Díaz de Villegas, además de que hubo quien votó dos veces, uno de ellos el presidente, «después de haber ofrecido su cabeza a cambio» de la del secretario general, un «chantaje», dijo. Otro que votó dos veces, según explicaron, fue Miguel Rincón, una por Apemecac y otra por Fediscom.
Así, Luis Marina, en la Junta Directiva de CEOE hasta mayo, dijo que todas las decisiones eran del comité ejecutivo y del presidente; y Oreña, también de la Junta Directiva, manifestó que en la votación del 26 de septiembre «el 100% de la Junta pensaba que era necesario que Mirones dimitiera después del escándalo».
El juicio ha quedado visto para sentencia.
