La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, negó ayer que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) vaya a despedir a 600 trabajadores, como alertan los sindicatos que sucederá al ampliar a 37,5 horas semanales una jornada laboral que ahora es de 35. «Es posible» que se pierda «algún puesto de trabajo» eventual o interino, admitió Saenz de Buruaga, pero su departamento procurará que el impacto «sea el menor posible». También sugirió que quizá modifique algunos tramos salariales, caso de los complementos por las horas vespertinas.
«Ésa es un cifra que no acepto», dijo la también vicepresidenta regional sobre los 600 despidos que enarbolan los representantes laborales. Entre otros motivos, porque los ajustes de plantilla no van a seguir «criterios matemáticos», sino que perseguirán «la eficiencia y la racionalidad en el gasto».
Antes de inaugurar en el paraninfo de La Magdalena un curso sobre cirugía de la mano, y a preguntas de los periodistas, Sáenz de Buruaga insistió en que la «voluntad» de la ampliación de jornada «no es ahorrar sí o sí», ni tampoco, «en ningún caso», «amortizar puestos de trabajo». Lo que pretende el Gobierno autonómico es «introducir racionalidad en el gasto, eficiencia y conseguir una mayor productividad que vaya en beneficio de la calidad del servicio».
La consejería baraja que toda la actividad de la jornada de tarde, que los profesionales cobran ahora como extraordinaria, pase a tener un «carácter ordinario», lo que supondría, según dijo «un ahorro importante» que evitaría que se «resintiera» la plantilla. Sin embargo, Buruaga no dio más pistas sobre esta hipotética remodelación salarial a médicos y enfermeros, hasta ahora no mencionada.
Sólo reiteró que el Gobierno regional está dispuesto a «negociar hasta la extenuación» porque se puede conseguir esa eficiencia que requiere una sanidad pública ahogada por la deuda a los proveedores de los centros de salud, deuda superior a los 260 millones de euros y con facturas que aguardan su abono desde hace más de 700 días.
Protestas en Educación
La Junta de Personal Docente celebró ayer una asamblea regional donde se decidió formar una plataforma en defensa de la enseñanza pública en la que tendrán cabida docentes, asociaciones de padres y colectivos de alumnos. Durante la asamblea también se aprobó un calendario de actuaciones de protesta que comenzará el próximo martes con una 'cacerolada' frente a la Consejería de Educación.
La plataforma se sumará también a la manifestación en defensa de los servicios públicos del 29 de febrero y organizará otra para el 3 de marzo en defensa de la enseñanza pública. Los sindicatos también pusieron sobre la mesa la posibilidad de organizar una huelga general de la enseñanza pública.
