Los trabajadores de MARE, la empresa pública que gestiona las depuradoras, el saneamiento o los puntos limpios de la región, se quedaron ayer con un palmo de narices cuando la dirección les presentó la segunda versión de su plan de ajuste: donde antes ponía 35 despidos, ahora son 63. La plantilla suma 326 personas, así que la proporción del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es del 19%. «Esto no es serio», decía con la indignación duplicada Nacho Modinos, presidente del comité de empresa, al salir de la reunión que mantuvo con sus superiores.
Cabrea el incremento y también la distribución de los afectados. Casi todos saldrán de las categorías laborales más bajas: 36 peones, más 17 trabajadores de la denominada categoría 2, que engloba conductores, operarios de máquinas y más peones. En total, 53 despedidos de los 63 corresponderán a salarios menores. Los otros diez serán un encargado, dos auxiliares administrativos, un titulado medio y 6 empleados con categoría A. En estos últimos subgrupos se encuentran tres delegados sindicales de Comisiones Obreras, según apuntó Modinos como remate.
¿Por qué el cambio de actitud en el Gobierno regional, que casi duplica la cantidad de gente que pone de patitas en la calle? Pues porque el ajuste primero completaba los 35 despidos con otros 30 trabajadores a los que pensaba reducir la jornada laboral, y por ende el sueldo. Pero ese segundo cambio «es ilegal, no pueden hacerlo en las empresas públicas» si no es con la aquiescencia de los afectados, según indicó Modinos. Una paradoja, pues la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno central persigue entre sus prioridades, precisamente, despedir o incluso cerrar con facilidad empresas públicas, sean deficitarias o no.
MARE, acrónimo de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía S.A., no pierde dinero. Los datos incluidos en los últimos presupuestos regionales indican que cerró 2011 con unos 300.000 euros como resultado de ejercicio. Sin embargo, sufrirá la misma tajadura que las otras 22 empresas y fundaciones de Cantabria que el Ejecutivo no fusionarán o cerrará: el 15% de sus gastos de personal, el mismo porcentaje que aplica el gabinete de Mariano Rajoy en la administración nacional y que en el caso de MARE se traduce en 1,5 millones de euros: ese dinero quitará de las nóminas. El comité se reunirá el miércoles y convocará una asamblea para el lunes 16.
