El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander ha anulado el cierre del hotel de Muriedas que llevó a cabo el Ayuntamiento de Camargo el 16 de septiembre de 2010 aduciendo que carecía de licencia de actividad, algo que el hostelero denunciado, Jesús Cobo, se ha cansado de desmentir. El empresario basaba su defensa en la resolución de Alcaldía de 11 de junio de 2009, en la que se da cuenta de la concesión de la licencia por «silencio administrativo» al propietario del local al que Cobo lo tenía arrendado, y a la que también alude la sentencia.
Contra este fallo se puede presentar recurso de apelación, aunque Cobo espera que «el actual equipo de Gobierno, que cuando estaba en la oposición siempre dijo que era un atropello, pero que había que esperar a la resolución judicial, no recurra el auto».
Transcurridos casi dos años desde que fue desalojado precipitadamente de su negocio, Cobo pretende ahora «intentar llegar a un acuerdo de indemnización por los daños económicos y morales para no tener que recurrir a la vía judicial». En este sentido, destacó «la buena disposición» mostrada siempre por el actual alcalde y su equipo, totalmente diferente a la de su antecesor, «que cerró el negocio que era mi modo de vida, me mandó a la ruina y consiguió que después de 21 meses haya perdido el local por no poder seguir pagando el alquiler. Me ha destrozado la vida y ahora serán los ciudadanos de Camargo los que tengan que pagar las consecuencias de esa decisión».
El hostelero recuerda con tristeza aquel 16 de septiembre en el que la Policía Local procedió al cierre de su negocio «en 20 minutos y sin apercibimiento». «Un año y un mes después pude sacar lo que quedaba allí, ya que, a pesar de estar precintado, faltaba dinero, documentación, materiales y productos valorados en más de 15.000 euros, algo que he denunciado», explica. El peregrinaje de Jesús Cobo por los juzgados no ha concluido, puesto que todavía tiene causas pendientes con el propietario del local, según él «el instigador del cierre», porque a pesar de estar clausurado debía pagar la renta. Desde diciembre de 2009 Cobo tiene un contrato inicial de 5 años del local por sentencia judicial, que el propietario quiere anular para volver a arrendar el hotel, según el hostelero.
