El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) admitió a trámite el recurso interpuesto por ARCA, Ecologistas en Acción y la asociación Tajamar contra la modificación que hizo el Puerto de su Plan Especial para que pudiese construirse el Centro Botín en el Muelle de Albareda. Estas agrupaciones actúan en representación de la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA), crítica con la ubicación elegida para levantar el Centro de Arte.
Aunque la decisión de la Sala está fechada el pasado 12 de junio, fue ayer cuando DEBA la hizo pública, justo el mismo día en el que se iniciaron las obras de construcción del edificio diseñado por el arquitecto Renzo Piano y que supondrá un coste de 77 millones de euros para la Fundación Botín, al margen de los 12,5 millones anuales para su mantenimiento. Además de ese recurso contencioso-administrativo, DEBA también solicitó la pasada semana medidas cautelares a la Sala. Es decir, la paralización de las obras hasta que se dicte sentencia.
El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ya advirtió a comienzos de este mes, nada más conocer la intención de DEBA de presentar este recurso, que cualquier demora del Centro Botín «supondría un gran daño, quizá irreparable» a Cantabria y a Santander. Con este proyecto, dijo De la Serna, la ciudad se juega «el futuro» y también «muchas familias». Y «eso lo conocen y es lo que persiguen quienes están tratando, a toda costa, de que no se pueda llevar a cabo la actuación».
«El beneficio público y social del Centro de Arte Botín está fuera de toda duda y la sociedad cántabra será la principal perjudicada de que no se haga, algo de lo que son conscientes quienes se oponen al edificio», dijo de manera tajante el alcalde.
Estas palabras se tradujeron en cifras en el estudio socioeconómico encargado por la Fundación Botín. Durante los 20 meses de obra se generarán 1.400 empleos, 900 en Cantabria, y una vez terminado, el Centro Botín mantendrá 669 trabajadores entre directos e indirectos. El impacto económico de la construcción del centro equivale al 2,1% del PIB del sector en Cantabria en 2011 y el 0,2% del PIB total de la comunidad autónoma.
Este proceso judicial, ¿qué supone para el Centro Botín y para las expectativas de terminar su construcción en los próximos 20 meses? A corto plazo, que puedan paralizarse las obras. El primer paso lo debe dar el Gobierno de Cantabria, ya que en el decreto de admisión a trámite se le reclama el expediente administrativo en un plazo improrrogable de 20 días. El Ejecutivo cántabro puede presentar en estos días un recurso de reposición contra los dos procesos en marcha.
Una vez estudiados, será la Sala la que tome la decisión de adoptar o no medidas cautelares. De parar o no las obras. Lo que persiguen las medidas cautelares es que no se toque nada hasta que haya una decisión judicial firme. La Sala no tardará mucho en decidirse. Será en las próximas semanas cuando se sepa si las obras del Centro Botín pueden seguir adelante.
Sigan o no los obreros trabajando en el Muelle de Albareda, el proceso judicial seguirá adelante para dirimir la validez del decreto que modificó el uso de ese suelo del Puerto.
DEBA reiteró ayer que el recurso presentado no es contra el Centro Botín ni su actividad, que valora como «positiva e interesante para Santander», si no contra la decisión de las distintas administraciones de «regalar a una fundación privada un espacio público al borde del mar de excepcional valor».
