El Gobierno de Cantabria cree que el plan de actuación que trazó en septiembre de 2011 juntos a varios ayuntamientos para hacer frente a las sentencias de derribo que pesan sobre numerosas urbanizaciones con el fin, en muchos casos, de promover su legalización, «avanza al ritmo previsto, aunque hay algunos retrasos». Así lo explicó el pasado viernes Javier Fernández, consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, tras hacer entrega al magistrado Rafael Losada, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, del primer informe sobre el grado de cumplimiento del plan diseñado por el Ejecutivo.
El documento destaca que la partida de 5 millones de euros consignada en los Presupuestos de Cantabria de 2012 como «fondo de derribos» ha permitido pagar diversas indemnizaciones por daños morales e intereses a los propietarios de viviendas con sentencia ubicadas en Argoños y La Arena (Arnuero). Además, sigue la tramitación el expediente de responsabilidad patrimonial sobre siete viviendas de Cerrias (Liencres).
El primer informe evaluador destaca también que los municipios de Arnuero, Escalante, Piélagos, Miengo, San Vicente y Argoños han dado pasos de distinto signo en la modificación de sus planeamientos urbanísticos, camino necesario para tratar de legalizar algunas urbanizaciones y llegar a solicitar la inejecución de las sentencias de derribo.
La Consejería de Ordenación del Territorio subraya en el resumen entregado al TSJ que se están tramitando las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que afectan a los propietarios de inmuebles ya derribados en la urbanización La Arena de Arnuero.
En un segundo epígrafe, el informe de evaluación del Plan de Derribos especifica que «se han pagado o están cerca de abonarse las indemnizaciones que en concepto de daño moral han sido acordadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ a favor de los propietarios de La Arena (Arnuero) y Argoños».
Como tercer punto de este apartado de reclamaciones patrimoniales, se informa que el Gobierno de Cantabria adoptó en mayo pasado el acuerdo de «incoar de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial de siete viviendas ubicadas en la parcela número 5 de Cerrias (Liencres)». Se apunta que este proceso «se encuentra en la fase de valoración» de los inmuebles.
Actuaciones municipales
El consejero Javier Fernández informó que el primer derribo se producirá en septiembre (ver DM de ayer). En coordinación con el Ayuntamiento de Argoños, se procederá a la demolición de la edificación denominada 'Pepín Cano' (sólo está en estructura) al ser de todo punto imposible su legalización. Previsiblemente no ocurrirá lo mismo con otras cuatro edificaciones enclavadas en Argoños ya que desde el ayuntamiento se está procediendo a la «sustanciación y resolución en vía administrativa de un procedimiento de amparo» para esas cuatro viviendas afectadas por un proceso iniciado en 1996.
En Miengo, el Ayuntamiento también está realizando trámites que busca la legalización del edificio situado en la playa El Marzán, en Cuchía. De sustanciarse favorablemente, desde el propio consistorio se procederá a promover el expediente de inejecución de la sentencia.
El primer informe evaluador también hace referencia al conocido acuerdo llegado entre el Ayuntamiento de Arnuero y los propietarios de las edificaciones sitas en la playa de La Arena que tendrán que ser demolidas. Se indica que por auto judicial de 28 de junio de 2012 se acordó «aprobar la transacción pretendida por las partes en los términos fijados en el calendario» temporal. En concreto se procederá a realizar unas nuevas edificaciones que será entregadas a los propietarios afectados por los derribos. Una compensación que pondrá fin a un calvario para muchos afectados que compraron de buena fe en La Arena.
Como consecuencia de ese acuerdo se indica que «la ejecución de la sentencia de las obras de demolición comenzará en octubre-noviembre de 2018», proceso que deberá llevar aparejada la regeneración natural de todo el área. La traducción práctica es que la piqueta no actuará hasta que no se entreguen los nuevos inmuebles a los afectados.
