Ni la inauguración de una carretera, que ha supuesto una inversión de más de un millón de euros en estos tiempos de sequía de obra pública, da tregua al ambiente de desaliento que se respira. El presidente Ignacio Diego acompañó ayer el corte de la cinta del tramo que une San Miguel de Meruelo con Castillo, un acto tradicionalmente propicio para el júbilo, de varios datos, cuando menos, inquietantes. «Todas las obras públicas de los últimos dos o tres años están sin pagar», dijo, y además la Administración regional debe todas las expropiaciones realizadas desde el año 2000 hasta la fecha, cantidad que asciende a 15 millones de euros. Las dos cifras dan idea de la magnitud de falta de recursos de las arcas regionales. Y es que el Ejecutivo tiene que hacer frente en los próximos dos años a los 168 millones de euros que adeuda, fruto de la gestión del Gobierno anterior de PRC y PSOE, un débito que asfixia «casi en su totalidad» la capacidad inversora de la Consejería de Obras Públicas.
Según explicó Diego tras la inauguración de la carretera, sólo en obras de puertos y carreteras correspondientes a compromisos plurianuales hasta 2015, Obras Públicas tiene que pagar 143 millones (ya se han pagado 17 de los 160 que se debían). A esta cantidad hay que sumar otros 15 millones por las expropiaciones que se adeudan a más de 5.000 cántabros y otros 10 millones de euros por la revisión de precios. Y es que todas las expropiaciones realizadas desde el año 2000 hasta la fecha están «sin pagar», avanzó el presidente. Para más sonrojo, en buena parte de los casos ni siquiera se han alcanzado los mutuos acuerdos con los propietarios para fijar el precio, por lo que la tramitación administrativa de estos expedientes está «muy atrasada».
Por eso, es decisión del Ejecutivo regional «levantar» y dejar sin efecto las expropiaciones de aquellas obras proyectadas por el Gobierno anterior de regionalistas y socialistas que no puedan ser acometidas en estos momentos y que no se vayan a retomar a corto plazo como consecuencia de la «nula disponibilidad presupuestaria» de la Consejería de Obras Públicas para acometer nuevas inversiones en carreteras.
El jefe del Ejecutivo destacó que al iniciarse una expropiación, los terrenos afectados quedan con una anotación en el Registro de la Propiedad, y sus dueños no pueden disponer de ellos con pleno derecho, por lo que el Gobierno va a «retrotraer los expedientes» de las expropiaciones que no se van a acometer a corto plazo, de forma que la propiedad «revierta» a los afectados para que recuperen el uso pleno de sus fincas hasta que se retomen los proyectos.
Paralelamente, el Gobierno está realizando un esfuerzo de tramitación para culminar los expedientes y pagar a estos más de 5.000 ciudadanos cántabros las expropiaciones que tienen «pendientes de cobrar», algunos desde hace 12 años. El consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, que acompañó al presidente en el corte de la cinta, explicó que este año se han pagado ya ocho millones de euros.
Carretera en suspenso
Uno de los proyectos que quedará suspendido hasta que vengan tiempos mejores es la mejora de la subida a San Bartolomé de Meruelo, cuya ejecución fue reivindicada por el alcalde de este municipio, Evaristo Domínguez, en el mismo acto inaugural del vial que une San Miguel y Castillo. Por eso, el consejero anunció que «posiblemente» se levantarán las expropiaciones de este tramo, de manera que sus propietarios puedan recuperar el uso de las parcelas.
Según explicó el consejero, esta carretera ya tiene proyecto e incluso «iba a salir a licitación», pero es una de las que el Gobierno ha optado por no acometer ante la situación de las arcas regionales. «Posiblemente levantemos las expropiaciones y lo que haremos será mejorar la carretera cuando podamos», dijo el consejero Rodríguez, quien, no obstante, garantizó que ninguna obra que ya esté iniciada se quedará sin terminar.
El objetivo del Ejecutivo en materia de obras públicas es, en palabras de su presidente, planificar el futuro y priorizar y acometer con carácter urgente, a través de un plan a corto plazo, las actuaciones en aquellos puntos que presenten un mayor riesgo de accidente con los «limitados recursos disponibles». Para ello, Obras Públicas está trabajando en la identificación de estos puntos de mayor riesgo, de manera que pueda incorporarlos al Plan de Carreteras en el que también está trabajando.
