El Gobierno de Cantabria no descarta personarse como acusación en la investigación abierta por la desaparición de los cuadros de la Administración regional. Lo ha anunciado hoy la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, quien ha manifestado que el Ejecutivo no tiene "constancia" de que hubiera un contrato para almacenar las obras de arte patrimonio público en las naves de la empresa Puzzle Producciones, como asegura el publicista Sergio Vélez.
"No hay constancia de que exista ese contrato", ha sentenciado Díaz, que ha añadido que "si hubiera constancia de la existencia de un contrato" hubieran visto las "obligaciones" del mismo.
En declaraciones a los periodistas, la consejera ha apelado a la "prudencia" hasta que concluyan las investigaciones, y determinar entonces si procede o no personarse en la causa.
En cualquier caso, esta última decisión se valorará una vez acabe la investigación, ha recalcado Díaz, que ha recordado que todavía faltan por aparecer una "buena parte" de los cuadros cuya desaparición se denunció el pasado mes de abril, ya que se han encontrado 22 de los 81 denunciados.Mientras tanto, la titular de Justicia es partidaria de que haya la "menor interferencia posible" en la investigación.
Los avatares de la investigación, tres directores en el registro
Hasta tres directores generales del Gobierno de Cantabria -los de Justicia, Servicios Jurídicos y Cultura- acudieron el viernes, día 7, a la nave del publicista Sergio Vélez para inspeccionar las instalaciones.
Su presencia no fue gratuita. Acudieron a la llamada de los policías que investigan la denuncia formulada por el Gobierno de Cantabria en torno a la desaparición de 81 cuadros de su propiedad. Los mismos agentes que un día antes, el jueves día 6, encontraron en las instalaciones de la sociedad Puzzle Producciones, propiedad del empresario, una veintena de las obras de arte cuyo paradero no había conseguido esclarecer el Ejecutivo tras encargar a una empresa especializada que realizara un catálogo de la colección pública.
Para dar cuenta de que lo que allí se encontraba, los altos cargos del Ejecutivo sacaron sus cámaras e inmortalizaron el material almacenado en el local, integrado en buena parte por cajas convenientemente embaladas con cinta del Gobierno regional. Precisamente fueron las bandas adhesivas con la impresión del Gobierno las que despertaron las suspicacias de los agentes.
Según fuentes de la investigación, cuando los agentes acudieron al local de Puzzle Producciones, situado en el barrio de Monte, en busca de los cuadros perdidos, se dieron de bruces con una cantidad importante de cajas empaquetadas con motivos alusivos al Gobierno: (Año Santo Lebaniego, Cueva del Soplao, etc...) El propio Vélez guió a los agentes hasta los cuadros que buscaban. Pero su justificación les dejó perplejos. El publicista les hizo saber que el Gobierno, el mismo que denunció la desaparición de las obras, le había contratado para la custodia y depósito del material. Vélez no presentó pruebas de su coartada, pero dice que tiene los documentos. Los agentes se llevaron las obras y precintaron el local.
Pero no quedaron tranquilos. Les desconcertó la presencia del material embalado con la identificación del Gobierno. Tal es así que tras el registro la policía se puso en contacto con el director general de los Servicios Jurídicos, Javier Uribe, el alto cargo que firmó la denuncia en nombre del Ejecutivo, para comunicarle el hallazgo y la conveniencia de su presencia en las instalaciones por si el descubrimiento tuviera más enjundia.
Dicho y hecho. Al día siguiente, a las 12.30 horas, se dieron cita de nuevo en el local de Monte las tres partes. Los primeros en llegar fueron el empresario Sergio Vélez, su abogado y el representante legal de la sociedad. A los pocos minutos, lo hicieron los agentes, y al rato la comitiva del Gobierno, integrada por el jefe jurídico, Javier Uribe; el director general de Justicia, Ángel Santiago, fiscal en excedencia; y el director general de Cultura, Joaquín Solanas.
En su presencia se abrieron algunas cajas que contenían cantidades ingentes de folletos publicitarios y artículos de 'merchandaising' relativos a actividades del Gobierno en la anterior legislatura, artículos ya caducados y sin utilidad alguna. No hay que olvidar que Vélez, tal y como él mismo ha reconocido, trabajó para la Consejería de Cultura cuando era presidida por Francisco Javier López Marcano en la organización de eventos y actividades culturales, una relación que define como de «proveedor de servicios» y no de «estrecho colaborador».
«Del Gobierno»
Los altos cargos del Gobierno no pudieron ocultar su sorpresa por el material allí almacenado. «Esto es del Gobierno», aseguran que dijeron los directores generales, mientras fotografiaban la escena como prueba irrefutable de lo allí acontecido. Vélez no lo negó. «¡Pues llevadlo, claro que es del Gobierno!», replicó en más de una ocasión el empresario.
Evidentemente los directores generales no se llevaron el material propiedad del Gobierno. Tendrían que haber acudido al lugar con un furgón. Pero sí tomaron vestigios físicos. Cogieron algunas muestras de los objetos almacenados en la nave. Después, se levantó el precinto. En esta rocambolesca historia Vélez se defiende. Dice que es un mero depositario, que fue contratado por el Gobierno para ello y que ha cumplido escrupulosamente su misión. El Gobierno pide prudencia y su presidente Ignacio Diego insta a no «prejuzgar» hasta que culmine la investigación. La policía sigue sin llamar a declarar a Vélez.
